El oficialismo porteño logró imponer el proyecto para crear el organismo de Sistemas de Información.
Cerca estuvo el macrismo de sufrir la primera derrota importante en una votación, desde que es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, al promediar la sesión la situación fue cambiando y los números permitieron finalmente la aprobación esperada.
El tema en cuestión era el proyecto para crear la Agencia de Sistemas de Información, cuyo debate el macrismo ya había tenido que postergar dos semanas atrás, al percibir que no tenía los números suficientes para su aprobación. Esta vez, pese a los días transcurridos, circuló fuertemente el rumor de que no estaban los votos necesarios, pero finalmente se logró la aprobación del proyecto, por 25 votos (todos propios) contra 20.
Dicho proyecto promueve propiciar la creación como entidad autárquica en el ámbito de la Jefatura de Gabinete y tiene por objeto organizar y administrar la infraestructura informática de telecomunicaciones y de los sistemas de información del gobierno de la ciudad, a fin de dotar a la ciudad de "un plan coherente y coordinado de administración electrónica, facilitando el acceso de ciudadanos por medios electrónica y telefónicos a los servicios e información del gobierno de la Ciudad", tales los fundamentos de la iniciativa.
Según promueve el oficialismo, la Agencia aportará transparencia a la gestión, promoviendo el desarrollo de un plan de gobierno electrónico.
La agencia será administrada por un director ejecutivo con rango de Subsecretario, designado por el jefe de Gobierno. En tanto que los distintos niveles de conducción serán cubiertos mediante concurso abierto y público (salvo para la primera integración con mandato de dos años).
Mediante esta ley le fueron transferidas a la Agencia las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y los recursos humanos, con sus respectivos niveles y grados escalafonarios, de la Dirección General de Sistemas de Información, dependiente de la Subsecretaría de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad.
A criterio del jefe de Gobierno -autor de la iniciativa- y de los diputados del partido oficialista (PRO) que argumentaron a favor de la ley, existe una gran proliferación de áreas de sistemas que trabajan en forma aislada con atomización de los grupos de trabajo, falta de integración dentro de cada Ministerio y de ellos con el resto de las dependencias del Gobierno. El diputado Oscar Moscariello sostuvo en tal sentido que la Agencia posibilitará una "gestión eficaz de los recursos públicos y un accionar eficiente del! Estado".
Votaron en contra de la ley en general, 20 diputados y diputadas, de los bloques Frente para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Coalición Cívica, Igualdad social, Encuentro Progresista, Nueva Izquierda y Partido Socialista.
La oposición sostuvo que para modernizar los sistemas informáticos no es necesario crear ninguna agencia y que la actual Dirección General de Sistemas Informáticos cumple iguales funciones. Asimismo objetó la creación de nuevos cargos políticos; la posibilidad que la agencia cuente con aportes del sector privado y esté facultada para realizar acuerdos con organismos internacionales; entre otros puntos.
El kirchnerista Juan Manuel Olmos advirtió que no permitirían que "se confunda la función del Estado con la gestión de las grandes corporaciones".
"Esta herramienta es un híbrido -dijo-. En vez de enviar este proyecto, hubieran enviado una ley de sociedades anónimas (...) Es una sanata, con palabras rimbombantes".
El socialismo también se opuso a la creación de la Agencia de Sistemas, argumentando la titular del bloque, Verónica Gómez, que el objeto que persigue la norma es "cortar la cadena de responsabilidad evitando que llegue hasta él y manejar con total discrecionalidad los fondos públicos".
La diputada cuestionó la medida al sostener "que es una barbaridad que se ponga en manos de un órgano por fuera del Gobierno toda la información sensible de la gestión pública y encima se lo autorice a vender sus servicios a terceros y a conveniar esos datos con instituciones privadas nacionales y extranjeras".