La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, presentó un proyecto de resolución, solicitando al Poder Ejecutivo que separe del cargo hasta el esclarecimiento de los hechos que se les imputa al Secretario de Medios, Enrique Albistur, y al subsecretario Alejandro Lenzberg.

El pedido de la diputada Giudici se basa en la investigación que lleva adelante el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, sobre la distribución de Publicidad Oficial y que involucra a ambos funcionarios “sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265º del C.P.)”.

En sus fundamentos, la legisladora afirma: “presenciamos, una vez más, un lamentable caso de manejo discrecional y aparentemente doloso en la distribución de la publicidad oficial, pero esta vez, de dimensiones abrumadoras”.

“Sería importante para la salud republicana y asimismo una muestra de buena voluntad para facilitar la investigación que los, en principio funcionarios sospechados, Enrique Albistur y Alejandro Lenzberg se apartaran de su cargo, a los fines de facilitar la investigación judicial hasta tanto la Justicia se expidiera”, dice Giudici.

También señala que “quien tiene precisamente como función principal en razón de su cargo, la planificación y contratación de la publicidad oficial del Estado, no debe ni puede, distribuir pauta oficial en su propio beneficio” y agrega que tiene un proyecto que regula la publicidad oficial (Expte. Nº 3761-D-06) que concibió para “evitar estos manejos arbitrarios y desvíos en la planificación y distribución de la pauta”.

“Desde nuestro rol de legisladores no hemos dejado de señalar en cada oportunidad en la que tratamos el proyecto Anual del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, que el Parlamento debe recuperar las funciones delegadas y que los llamados superpoderes que concentra el Jefe de Gabinete le permite asignar partidas e incrementarlas a su solo criterio. Este dato es relevante a la hora de evaluar el incremento de las partidas presupuestarias destinadas al pago de publicidad oficial. Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la administración del ex Presidente Kirchner ya las había incrementado un 400% en el período que va del año 2003 al 2007”, explica la diputada.

Finalmente, Giudici expresó su preocupación por “la falta de intervención de la Oficina Anticorrupción que es la tiene la competencia para advertir estos desvíos, por lo que creemos que el Ejecutivo también debería requerir mayores resultados sobre esa dependencia”.