La Comisión de Salud de la Legislatura recibió al interventor de la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA), Jorge Rey. Durante la reunión, los diputados le hicieron preguntas en el marco del cumplimiento de la Ley 2637 votada en enero de este año, referida a la libre elección y reorganización de la Obra Social de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad.

De la reunión encabezada por la diputada Lidia Saya (PRO), presidenta de la comisión, participaron los legisladores Oscar Zago, Diana Martínez Barrios, María Eugenia Rodríguez Araya, Roberto Destéfano (PRO), Alicia Bello (Frente para la Victoria), Diana Maffía y Enrique Olivera (Coalición Cívica), Martín Hourest (Igualdad Social) y Dora Mouzo (bloque Eva Perón).

La ley de regularización de la ObSBA establece que el interventor debe concurrir a informar a la Legislatura acerca de su gestión cada noventa días, plazo que aún no se cumplió. Los diputados agradecieron a Rey su presencia, quien a su vez se comprometió a asistir posteriormente en cumplimiento del plazo previsto en la norma.

El funcionario respondió consultas referidas al escenario que vendrá luego de la desregulación de la Obra Social y de la asistencia a los actuales 250.000 beneficiarios (25% de los cuales, son jubilados). Sostuvo que están trabajando para que la Obra Social sea “absolutamente competitiva para asegurar la prestación” y agregó que queremos “cambiar de paradigma: de una organización de afiliados cautivos, a una de beneficiarios libres”.

Acerca del personal, Rey informó que de un total de 4.300 trabajadores, entre 1.700 y 1.800 son de planta permanente y el resto son contratados. También señaló que la directiva del Ejecutivo es que “se optimice la prestación respetando los derechos laborales”. Por otra parte, Rey explicó que la deuda de la ObSBA, arrojada por una Auditoría de corte encargada por la intervención es de 145 millones de pesos y que “deberá consolidarse con optimización de gestión”.

Por su parte, la diputada Saya informó al término de la reunión que la Comisión de Seguimiento de la intervención prevista por la mencionada ley, está integrada por los diputados Oscar Zago (PRO), Eduardo Epzsteyn (Diálogo por Buenos Aires), Diana Maffía (Coalición Cívica) y Alicia Bello (Frente para la Victoria), en representación de la Legislatura. También fueron nombrados los cinco funcionarios del Poder Ejecutivo, pero aún faltan designar los cinco representantes gremiales.

El interventor de la ObSBA señaló que dicha entidad tiene un pasivo de 175 millones de pesos, de los cuales 30 millones son por demandas judiciales y una deuda consolidada con la AFIP de 48 millones. Al respecto dijo que “a pesar de esa deuda tendremos que vivir con lo nuestro y solamente podremos devolver ese dinero con más gobierno y gestión”.

Por su lado, la diputada Diana Maffia admitió la “buena voluntad de Rey” para asistir a la comisión “ya que no tenía obligación de hacerlo puesto que aún no cumplió los 90 días corridos al frente de la intervención”. Pero no todas fueron rosas, ya que cuestionó que el funcionario haya admitido que recibe “órdenes” del Ministerio de Hacienda de la ciudad, ya que dijo la ley establece que también debe participar la cartera de Salud

Rey sostuvo que es su prioridad “tener en claro con quién vamos a competir cuando debemos la libre afiliación y asegurarnos de que las decisiones que tomemos sean sustentables”.

En este marco señaló que “debemos saber exactamente qué servicios brinda la competencia”.

Reconoció también que contrató un auto con chofer por el que paga 4.500 pesos mensuales “porque yo quiero trabajar y lo tengo a mi disposición las 24 horas del día”, y aseguró que su objetivo es que mientras dure su intervención “llegar a hacer un masterplan para el hospital Méndez y la realización de un sistema informático de la obra social”.

Otro de los temas centrales fue la contratación de una auditoría privada y la ausencia de la Auditoría de la Ciudad en la intervención, cuestión sobre la que puso énfasis el diputado del bloque Igualdad Social Martín Hourest.

Sin embargo, Rey aseguró que “ya se convocó a la Auditoría de la Ciudad” y destacó que “no se podía rescindir el contrato de la auditoría privada, porque era la que había brindado los informes financieros durante la gestión anterior”.

El legislador Martín Hourest sostuvo que el interventor dejó en evidencia que “no cuenta con un plan de reconversión de la obra social”. Señaló que Rey reconoció un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Sutecba, al haber nombrado una comisión asesora integrada por la intervención y el sindicato, como así también “reconoce que se están pagando tres auditorías para la misma función: la que desde hace 6 años contrata Sutecba, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, y la última contratada por la actual intervención, a su gusto y placer”.