El pasado jueves acordaron aumento para empleados legislativos y los diputados y senadores nacionales se acoplaron al incremento, aunque buscaban un 40%.
La inflación afecta a todos los bolsillos; también los de los diputados y los senadores nacionales.
Ante esta situación, las autoridades del Congreso concedieron el jueves pasado un aumento del 19,5 por ciento en las dietas de los legisladores, lo que representa un promedio de 1750 pesos adicionales en sus sueldos mensuales, a cobrarse en forma retroactiva desde marzo.
Con este incremento salarial, los legisladores cobrarán un promedio de 10.750 pesos mensuales en bruto. A este sueldo, efectuados los descuentos correspondientes, deben agregarse otros beneficios, como el plus por desarraigo de 1400 pesos (que sólo cobran quienes provienen del interior) y 20 tramos aéreos, que los legisladores pueden canjear a 200 pesos cada uno. Estos últimos ítems -desarraigo y pasajes- no han sido ajustados por ahora con el aumento del 19,5 por ciento, informaron fuentes oficiales de la Cámara de Diputados.
Los legisladores obtuvieron este aumento de dietas gracias a los empleados legislativos. En efecto, los representantes gremiales del personal -agrupado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal Legislativo (APL)- obtuvieron el incremento salarial del 19,5 por ciento tras negociar en paritarias con las autoridades del Congreso. Los legisladores aprovechan y se “enganchan” a la suba concedida a los trabajadores, método que vienen aplicando desde hace un par de años.
Los empleados legislativos y las autoridades del Congreso se retiraron satisfechos de las negociaciones salariales. “Este aumento es el quinto otorgado desde 2003 y la quinta suma fija integrada al salario -enfatizó el dirigente Norberto Di Próspero, de APL-. Esto nos alienta en el objetivo de ir recuperando los niveles históricos del salario de los trabajadores legislativos.”
Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Eduardo Fellner, también destacaron el resultado de la negociación, pues la suba se atuvo al porcentaje promedio que se está concediendo a empleados de sectores públicos y privados.
Esas fuentes aseguraron que el presupuesto del Congreso podrá afrontar una mayor erogación por suba de salarios, aunque, las autoridades debieron solicitar un refuerzo de la partida a la Casa Rosada.
El problema es que éste no sería el único aumento salarial del año al personal legislativo; Di Próspero ya anticipó que en el segundo semestre de este año, conforme avance la inflación, volverán a sentarse a negociar.
Si bien los legisladores son conscientes de la polémica que desata en la gente cada aumento en sus dietas, la mayoría de ellos defiende la medida. Sobre todo, quienes provienen del interior: argumentan que, para ellos, les es imposible mantener dos viviendas -una en Capital, donde deben sesionar y la otra en su distrito-, afrontar viáticos y transporte, si su dieta mensual no se ajusta con la inflación.
Quienes provienen de las provincias utilizan, por lo general, todos sus tramos aéreos y terrestres para transportarse a la Capital, por lo que difícilmente los canjean por dinero. “Nuestros sueldos son menores que los de un diputado o senador porteño; ésa es la verdadera injusticia que hay que subsanar”, despotricaba un diputado que, obviamente, pidió no ser identificado.
Casualidad o no, en lo que va del año el Congreso ha sesionado, en promedio, dos veces por mes; de esta manera, los legisladores del interior evitan tantos viajes y gastos. La explicación oficial es que no hay temas para tratar, una razón por demás discutible.
En efecto, al no haber sesiones todas las semanas, sino sólo cada 15 días, la mayoría de los legisladores sólo viene al Congreso en las semanas de actividad en el recinto. Ergo, disminuye la tarea de las comisiones, que son las usinas que elaboran los proyectos que luego aterrizan en el recinto. Esto explica en parte por qué que no surgen demasiados temas para tratar.
Sin embargo, el problema es más profundo. Desde que asumió el poder la presidenta Cristina Kirchner, el oficialismo en el Congreso ha priorizado los proyectos que interesan al Poder Ejecutivo; así, la actividad legislativa se mueve al ritmo que imparte la Casa Rosada. Las iniciativas de los legisladores, incluso las de los oficialistas, sólo se discuten si así lo consiente el Poder Ejecutivo.
La oposición y, en voz baja, algunos oficialistas protestan: el Congreso se convirtió en una virtual “escribanía” que sólo atiende cuando la Casa Rosada así lo dispone.
