Las comisiones de Agricultura y Ganadería de ambas cámaras, al calor del conflicto, dieron señales, pero la discusión por las reformas a favor de los pequeños y medianos productores quedó en el olvido.
Por Julio El Ali
En pleno germen del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los productores agropecuarios, por la política aplicada desde la Casa Rosada, legisladores del oficialismo y de la oposición salieron al centro de la escena para fijar posiciones.
Una de las coincidencias para encontrar una futura planificación para el campo, y una mejor distribución del ingreso, es sancionar una nueva ley de Coparticipación Federal, una eterna deuda que tiene el Parlamento con la Constitución y el pueblo desde la reforma de 1994.
Hubo señales y el tema empezaba a circular con buena voluntad, pero fue tan fugaz como “la luz mala” que los chacareros dicen ver en los campos. En este caso, la luminosidad de los restos no sería de fósiles de animales abandonados en la llanura de la pampa, sino de proyectos de ley que están a la espera de un guiño de la Casa Rosada para ser tratados.
Por lo que se podría decir que Patti reemplazó a la soja en la dieta de los diputados.
Mientras se producía la segunda marcha en Plaza de Mayo a favor del campo y se esperaba con ansiedad las palabras de la presidenta CFK, tanto los senadores como Diputados debatieron acaloradamente un proyecto de resolución presentada por la oposición contra de la medida del Gobierno.
Obviamente, el oficialismo -que tiene la mayoría- impuso su voluntad más allá de los cuestionamientos de todo el arco opositor.
Tras los escarceos mediáticos, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja comenzaba a involucrarse en el tema. Su titular, el cordobés Alberto Cantero Gutiérrez, afirmó a los cuatro vientos la sanción de leyes orientadas a fortalecer a los pequeños y medianos productores.
Pero, sin embargo, -la realidad, única verdad- la discusión pasó por otro lado. La comisión se reunió sólo una vez y luego de cinco horas de debate no emitió un dictamen favorable para regular la declaración de emergencia agropecuaria.
Una casualidad, tal vez trágica, es que en su artículo Nº 1 dice textualmente: “Prevenir y/o mitigar los daños causados por eventos climáticos, naturales, biológicos o humanos que afecten significativamente la capacidad de producción agrícola, ganadera y forestal que ponen en riesgo la continuidad de los agricultores familiares o empresariales afectando directa o indirectamente las comunidades rurales”. Quizás en daños humanos se podría incluir a la quema de pastizales. Lo cierto es que esta iniciativa oficialista todavía espera las firmas necesarias de la comisión.
También esperan mejor suerte los otros proyectos que involucran directamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios.
A pesar de los 21 días de paro del campo, del desabastecimiento, del mes de tregua y la posible vuelta de los cortes de rutas, la Comisión de Agricultura de Diputados, que lleva el estandarte del debate para la reforma agraria, no hizo nada.
En tanto que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta, tampoco aportó en cuanto al impulso de iniciativas de envergadura.
Una vez más queda en evidencia que el Parlamento no se involucra en los temas cruciales.
