Se basan en un sangriento episodio donde cascos azules dispararon contra ciudadanos haitianos provocando varios muertos.
Solicitarían al Poder Ejecutivo de la Nación el retiro de las fuerzas militares y policiales que se hallan en la República de Haití como parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el país caribeño.
El pedido para tratar el tema en Diputados lo realizó Ariel Basteiro, presidente del bloque Encuentro Popular y Social, junto a otros legisladores, mediante la presentación de un proyecto en la Cámara baja.
A su vez solicitarán al PEN que se inste a los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay a adoptar medidas similares.
El pedido se realizó tras conocer la noticia de que miembros de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) descargaron una feroz represión contra ciudadanos haitianos que, tal como se informó en un primer momento, dejó un saldo de cinco muertos y decenas de heridos. Posteriormente, un relevamiento efectuado por la Red de la Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH) determinó que el número de heridos alcanzó a 268.
Las víctimas de la metralla de la MINUSTAH no integraban bandas armadas ni facciosas. Eran, según señala el proyecto basándose en informaciones periodísticas, simplemente, “hambrientos que reclamaban por el fuerte aumento del precio del arroz, un grano que es básico en la dieta haitiana y que de costar 0,70 dólares el kilo había pasado a cotizarse a 1,40. Para tener una idea de lo que este precio significa, corresponde recordar que tres de cada cuatro haitianos disponen de menos de dos dólares diarios para vivir y que el 45 por ciento de sus niños está desnutrido”.
Según expresaron en el texto del proyecto, el mandato de la MINUSTAH tiene, al menos en lo declamativo, un fuerte compromiso con los derechos humanos. En efecto, a la misión se le encomendó apoyar al gobierno de transición, así como a las instituciones y grupos haitianos de derechos humanos, en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos, particularmente los de mujeres y los niños; y, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, vigilar la situación de los derechos humanos, incluida la situación de los refugiados y las personas desplazadas que regresan, y presentar informes al respecto.
“Muy lejos de asumir estas tareas, miembros de la MINUSTAH se han visto involucrado en reiteradas violaciones de derechos humanos”, dijo Basteiro.
En 2004 las Naciones Unidas decidieron intervenir en el país caribeño por considerar, entre otras cuestiones, que carecía de un Estado capaz de actuar como tal. En virtud de esta caracterización, el Consejo de Seguridad de la ONU no dudó en ocupar el territorio haitiano. Primero lo hizo con la denominada Fuerza Multinacional Provisional; luego con la MINUSTAH. Al respecto, Basteiro explicó que “se hace necesario preguntarse en quién recae la responsabilidad de la violación de los derechos humanos en un país ocupado. La respuesta es obvia: en el ocupante. Y, en este caso, el ocupante es una Misión que cuenta en sus componentes militar y policial con importantes contingentes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay”.
“Solicitamos al Poder Ejecutivo que, considerando que este gobierno ha hecho de los derechos humanos un dogma, no acepte la permanencia de sus efectivos en una fuerza que -debiendo ser de paz- perpetúa el terror en Haití”, expresó Basteiro en referencia al pedido.
