Sonia Escudero, autora del proyecto presentado en el Senado, dice que la subestimación de la inflación genera un ahorro del Estado en el pago de los títulos de deuda en manos de jubilados y pequeños acreedores, y pagos “extra” a grandes tenedores de bonos.
Luego de un año y medio de cuestionamientos a la metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la medición de las principales variables económicas, se presentó un proyecto de ley en el Senado nacional para que la Auditoría General de la Nación (AGN) controle y dictamine sobre la estimación de los índices desarrollados por organismos del Estado Nacional –entre los cuales queda incluido el INDEC. La iniciativa, que pertenece a la salteña Sonia Escudero (PJ), plantea, además, sanciones para los funcionarios que sean hallados culpables de “sesgos metodológicos o vicios” en la estimación de indicadores.
La presentación de este proyecto, que tiene estado parlamentario desde el pasado martes, se produce justo cuando el Gobierno nacional anuncia los lineamientos del nuevo índice de precios (IPC) elaborado por el Indec, que mantiene algunos de los vicios más criticados del actual.
El nuevo indicador –según lo publicado en importantes medios de comunicación- despierta más dudas y críticas que elogios entre economistas. El relevamiento de precios y el origen de la información, la crítica central que recae sobre el cálculo actual, se seguirá haciendo igual que hasta el momento.
De aprobarse el proyecto de Escudero, la AGN deberá controlar y dictaminar sobre la metodología y la estimación de los índices desarrollados por organismos del Estado Nacional, “cuando los valores que surjan de sus estimaciones sean aplicadas por disposiciones del Estado Nacional que afecten los patrimonios, ingresos y obligaciones del Estado Nacional o de grandes grupos sociales”.
Entre los variables a auditar, se incluyen: los índices de precios y sus correspondientes tasas de inflación (incluyendo canasta básica de consumo, índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas, coeficiente de estabilización de referencia); tasas de variación de salarios; Producto Bruto Interno y sus tasas de variación; y tasas de desempleo y subempleo.
El dictamen de la AGN deberá “identificar puntualmente los sesgos metodológicos y errores u otros vicios de diseño o de estimación concreta”, así como “establecer las responsabilidades concurrentes y su gravedad en cada caso” –según se desprende del articulado de la iniciativa. Será de carácter público, y deberá ser remitido al Congreso en un plazo de 90 días desde la publicación de las estadísticas correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Los funcionarios que fueran encontrados responsables, deberán responder “de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados” (artículo 130 de la ley de Administración Financiera 24.156).
“Por un lado, la subestimación de la inflación afecta notoriamente el cálculo del coeficiente de estabilización de referencia (CER), empleado para ajustar los valores de algunos títulos de deuda pública, concentrados en manos de acreedores pequeños (jubilados, proveedores, receptores de subsidios e indemnizaciones) o institucionales internos (fondos previsionales). En este caso, el Estado “ahorra” pagos a un grupo de acreedores en gran parte pequeños y nacionales” –argumentó Escudero en los fundamentos de su proyecto.
Por otra parte, “aumentan los pagos realizados por bonos de deuda que ajustan por PBI. En este caso, el Estado realiza pagos “extra” a otro grupo de acreedores., mayormente bancos y acreedores externos”, agregó la legisladora.
“Así, según el cálculo que no contempla ni los mayores pagos por cupones atados al PBI, ni el impuesto inflacionario, el beneficio fiscal neto de la distorsión del índice de inflación para el país es estimado en 5380 millones de dólares. Beneficio que sería sólo para el Tesoro, pero claramente no para los tenedores locales de bonos ajustables por CER (que incluyen jubilados actuales y futuros), y productores y consumidores afectados por mayores precios e información poco confiable” -puntualizó.
“Cae la calidad de la información estadística empleada para analizar la realidad, comprender los problemas y diseñar políticas públicas para enfrentarlos”, reflexionó la legisladora, al tiempo que indicó que así “se contribuye de un modo penoso al deterioro de la tan mentada calidad institucional y la credibilidad en las instituciones en general”.
