Por Pablo Winokur

El Gobierno lanzó el debate. En el prólogo de esta discusión apareció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticando al canal de noticias del Grupo Clarín, TN, al que calificó de “Todo Negativo”. Siguieron distintas avanzadas contra los medios -especialmente contra aquel grupo- al que se acusó en distintos discursos de “distorsionar la realidad”, o presentar un “relato” sesgado. En el medio aparecieron distintos grupos militantes que lanzaron campañas en contra de Clarín.

Días más tarde, se anunció que comenzaría el debate sobre una nueva Ley de Radiodifusión, que entre otras cosas se propondría “terminar con los monopolios”, en clara alusión al mayor multimedios que existe en la Argentina. Y así, comenzó un debate que se viene posponiendo desde hace 25 años.

Todos de acuerdo, pero…

Desde el inicio de la democracia existe un consenso sobre la necesidad de sancionar una nueva Ley de Radiodifusión. Sin embargo, hasta ahora nunca fue posible tratarla, dada la presión de los grandes grupos mediáticos. ¿Se dará ahora la posibilidad de hacerlo? Muchos miran con entusiasmo que eso suceda, pero otros sienten temor de que el Gobierno lo utilice como una forma de restringir la libertad de expresión. Todo esto en el marco de un debate que -dado que se perfila como una puja entre el Gobierno y los grupos empresariales- siempre estará embarrado y llegará impreciso a la opinión pública: aquel que quiera enterarse de cómo sigue el tema deberá hacerlo a través de medios privados -que tienen sus intereses puestos en el tema- o públicos controlados por el Gobierno -que también tiene intereses-.

En el Congreso comenzaron a ir y venir funcionarios. El primero en llegar fue el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, quien asistió a una reunión conjunta de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Allí expuso sobre la Ley de Radiodifusión, la creación del Observatorio de Medios y la grilla para los canales de cable.

“Cambiar la ley -dijo ante la mirada atenta de legisladores propios y ajenos- es una deuda de la democracia y hoy estamos en condiciones de avanzar pese a las presiones, y lograr pluralizar y cambiar nuestros medios para que todos puedan expresarse”.

Y lógicamente no dejó de mencionar los antecedentes de estos debates sobre la radiodifusión. “Venimos peleando desde 1983 para lograr el cambio, ya que si bien se ha logrado limitar el sesgo represor de la ley, se ha conseguido una democratización de la ley, todavía quedan artículos que son desopilantes, como por ejemplo el referido a la Ley de Seguridad Nacional”, dijo.

Luego de asistir a esta reunión informativa, el funcionario comenzó a gestar reuniones con distintos representantes interesados. En muchas de ellas participó la propia Presidenta. Tal vez una de las más comentadas en el Congreso fue la que mantuvieron con el líder de la CGT, Hugo Moyano. Luego de aquel encuentro, Moyano criticó a Clarín, calificándolo como “algunos medios monopólicos distorsionan”. Acto seguido comentó que pidió al Gobierno que la CGT tenga su espacio en la nueva traza de canales y radioemisoras. “La reunión fue muy importante y en la misma hemos solicitado al Comfer las frecuencias correspondientes para poder comunicarnos con la opinión pública en general y con los trabajadores”, transparentó.

Esta reunión fue particularmente criticada por la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudici, quien aseguró: “No es posible que se convoque a todos los sectores, menos a los partidos políticos. Hasta Moyano va a opinar sobre esa nueva ley”.

Al día siguiente de la reunión con el sindicalista, se acercaron a la Casa Rosada las organizaciones que agrupan a los medios de comunicación privados. Asistieron al cónclave representantes de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), Asociación Radiodifusora Privada Argentina (ARPA), Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y Asociación Teledifusoras Argentinas (ATA), entre otras. Fue la primera vez que las entidades fueron recibidas durante las gestiones de los Kirchner.

Al finalizar esa reunión Mariotto declaró que hasta ese momento sólo estaban haciendo consultas y que todavía no existía ningún anteproyecto. Esta reunión fue el 25 de abril
Sin embargo, antes de que concluyera ese mes, el funcionario se contradijo y aseguró que en 15 días (aproximadamente para el 15 de mayo) estaría el proyecto ingresado en el Congreso.

Esto mereció duras críticas por parte de Giudici. “Descreemos de que en 15 días puedan considerarse seriamente todas las voces consultadas en las reuniones con la Presidenta. Esas reuniones eran meramente formales para la foto pero no se va a tener en cuenta la opinión de esos sectores”.

Lo interesante es que Giudice tiene presentado uno de los proyectos de ley más extensos en la materia. Es decir, existe un consenso casi unánime en la necesidad de modificar esta vieja ley. En lo que no hay acuerdo es en las formas y en el momento.

El proyecto en cuestión (y otros)

Según trascendidos, la voluntad del Gobierno en esta cruzada -que denomina “guerra contra el monopolio”- sería en primer lugar evitar que un mismo grupo pueda tener más de doce licencias de radiodifusión abierta en todo el país y que ninguno pueda tener más del 40% de la audiencia potencial nacional en algunos de los rubros (TV abierta, cable o radio).

Esto podría generarle al principal multimedios del país, el Grupo Clarín, varios perjuicios: por empezar, se daría marcha atrás con la fusión Multicanal, Cablevisión -firmada por Néstor Kirchner poco antes de abandonar el poder-; en segundo término, tal vez tendrían que desprenderse de algunos de sus medios del interior. Por último, se establece que los medios de comunicación no podrán tener más del 30% de participación accionaria extranjera.

Sin embargo, la propuesta -o pre-propuesta- del Gobierno no es la única. Adepa, por ejemplo -cámara que agrupa a los principales diarios-, coincidió en actualizar la ley, pero evitando la regulación de los contenidos y respetando la diversidad.

Por su parte, la denominada Multisectorial por la Radiodifusión Democrática presentó 21 puntos entre los que se exige que la nueva ley contemple: el derecho irrestricto a la información; garantías de la independencia de los medios; prohibición de discriminación en la pauta oficial; regulación de la asignación de frecuencias; políticas que eviten la concentración; posibilidad de que las ONG tengan radios; se limiten las repetidoras para fomentar la producción local; y la creación de una “Defensoría del Público”.

En el Congreso también hay algunas propuestas, aunque no demasiadas que contemplen una reforma integral. “Yo tengo armada una propuesta, pero salir a presentarla ahora sería contraproducente. Prefiero esperar a ver qué manda el Ejecutivo”, dijo a Parlamentario un legislador oficialista que prefirió omitir su nombre y aseguró que hay muchos que están en la misma situación.

Mucho se habló en su momento del “proyecto Nemirovsci” (por Osvaldo, legislador rionegrino, ex presidente de la Comisión de Comunicaciones) que supuestamente contaba con el aval del Gobierno, según él mismo había afirmado públicamente. Sin embargo, quedó en la nada.

La actual titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici también tiene una iniciativa de su autoría que contempla que el 100% de las acciones de un medio deben estar en manos nacionales. “La nueva ley de Radiodifusión debe venir acompañada de un proyecto para garantizar el libre acceso a la información pública”, agregó.

También tienen estado parlamentario una iniciativa de María del Carmen Rico y otra de la ex senadora Mirian Curletti. Por su parte, el periodista Miguel Bonasso tiene proyectos de reforma parcial.

En una reciente columna periodística en el diario Crítica de la Argentina el diputado kirchnerista afirmó haber discutido este tema con Néstor Kirchner muchas veces. “En agosto de 2004, en el despacho presidencial, le expresé a Kirchner mi total desacuerdo con la prórroga de las licencias a canales y radios por diez años. Me dijo entonces algo por lo que algunos veníamos luchando en el Parlamento sin las menores probabilidades de éxito: ‘Hay que cambiar la Ley de Radiodifusión’”, escribió en tono crítico. “No se trata de censurar, sino de ampliar el espectro. Con medios públicos gestionados por el Estado (y no por el Gobierno), medios públicos concesionados a privados y medios públicos concesionados al sector social de la economía. Queda mucho más para decir y ya lo iremos diciendo. Desde esta columna y también desde el Congreso”, finalizó.

Lucha de poderes

Paul Watzlawick fue un psicólogo y filólogo que desarrolló la denominada “teoría de la comunicación humana”. Según su postulado, todo mensaje en comunicación tiene dos niveles de análisis: uno de contenido y otro de relación. Así, cuando dos personas se comunican pueden estar discutiendo sobre cosas distintas. Por ejemplo: una madre le pregunta al hijo si quiere más milanesas; el hijo le dice que ya está lleno. La madre responde: “¿Por qué? ¿No te gustaron?… Y yo que las hice con tanto amor”. El hijo le respondió sobre las milanesas; la madre le repreguntó sobre el amor. El hijo hablaba de contenido (sus ganas de comer milanesas); la madre, hablaba de relación (el amor que ella les puso a las milanesas).

En política legislativa también existen dos tipos de debate. El de contenido, cuando los diputados y senadores discuten una ley en función de sus ideologías o del beneficio que esto pueda traer para el país; o de relación, cuando detrás de la sanción de una determinada ley existe una puja o demostración de poder.

Desde que estalló el conflicto con el campo, el Gobierno nacional intentó imponer un debate en torno a la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión. Y esto abre el interrogante: cuando finalmente se debata, ¿se discutirá contenido o relación?

Un ejemplo de ley tratada en función de su contenido fue la de Educación Nacional, cuyo debate duró un año y se hicieron consultas a todos los interesados en el tema. Una ley que se debatió por relación fue la reforma al Consejo de la Magistratura: nadie se preocupó porque realmente sea la mejor solución para ese organismo tan importante. El Poder Ejecutivo -a través de su entonces senadora estrella Cristina Kirchner- presentó un proyecto y -como una demostración de fuerza- debió ser aprobado sin cambiar una coma.

La gran pregunta, entonces es cómo será el tratamiento de la nueva ley de Radiodifusión. Todos los caminos indican que no será un debate por contenido sino por relación. Vale desear entonces, que este debate -tan central para el país- no se convierta en una mera puja de poder entre el Gobierno y un grupo económico.