Este jueves el ministro del Interior Aníbal Fernández fijará su posición sobre el proyecto de ley para penalizar el desvío de precursores químicos al narcotráfico.
La ronda de consultas con funcionarios y especialistas en la materia, las comisiones de Justicia y Seguridad Interior y Lucha Contra el Narcotráfico de la Cámara alta recibirá este jueves a las 11 al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández y al Comité Asesor en materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.
Los senadores de las comisiones citadas se reunieron esta semana para discutir los últimos detalles y emitir dictamen sobre el proyecto de ley de la salteña Sonia Escudero (PJ) que impone importantes sanciones y hasta penas de prisión por incumplimientos a la legislación en materia de precursores químicos. La iniciativa incluye, también, la tipificación como delito penal del desvío de estas sustancias para la fabricación de estupefacientes.
Este último aspecto, había sido solicitado especialmente por las autoridades de la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), semanas atrás en un plenario de comisiones.
La iniciativa que impulsa Escudero “viene a complementar el Registro para penalizar a quienes están actuando en la ilegalidad porque no cumplen con la inscripción, o porque están desviando estos productos a la producción de estupefacientes”.
“El objetivo último es contar con una nueva herramienta legal para combatir al narcotráfico”, resaltó la legisladora.
Las sanciones
De acuerdo con el dictamen, “será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial de cuatro a doce años el que, por cualquier medio, desviare precursores químicos o sustancias químicas esenciales hacia la producción ilegal de estupefacientes. Si se tratare de una persona jurídica se aplicará una multa de diez a quinientos mil pesos y, en caso de reincidencia, será sancionada con la cancelación de la personería jurídica”.
Si el desvío se hubiere producido por negligencia “sin conocer el destino de las mismas, será reprimido con pena de inhabilitación especial de seis meses a dos 2 años”.
Se incorpora un artículo que castiga el falseamiento de los datos suministrados al Registro de Precursores Químicos, imponiendo una pena de prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación de dos años a seis. Si se tratare de una persona jurídica –al igual que en el caso del desvío-, se aplicará una multa de veinte a quinientos mil pesos y la cancelación de la personería jurídica en caso de reincidencia.
