Luego de un año y medio de cuestionamientos a la metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la medición de las principales variables económicas, la senadora salteña Sonia Escudero presentó un proyecto de ley para que la Auditoría General de la Nación (AGN) controle la estimación de los índices desarrollados por los organismos del Estado Nacional, entre ellos el INDEC.

La iniciativa plantea además sanciones para los funcionarios que sean hallados culpables de “sesgos metodológicos o vicios” en el cálculo de los índices de precios, tasas de desempleo, pobreza, entre otros.

Al respecto, la legisladora sostuvo que “la manipulación de los índices oficiales genera una gran desconfianza en los ciudadanos que cotidianamente comprueban que las estadísticas del INDEC no se corresponden con los precios que encuentran luego en las góndolas; pero, al mismo tiempo, repercute negativamente en el clima de inversiones por la falta de datos ciertos para programar cualquier actividad”.

“Además –agregó- la distorsión lejos de significar un beneficio para el Estado, implica realizar “pagos extra” a grandes acreedores, mayormente bancos y acreedores externos cuyos cupones se ajustan por PBI; y en cambio se ahorra en el pago de los títulos de deuda en manos de jubilados, receptores de subsidios e indemnizaciones, y fondos previsionales que se ajustan por CER (inflación)”.

La senadora justicialista sugirió no olvidar que “la inflación provoca el aumento del riesgo país y de las tasas de interés con las que el gobierno debe renegociar su deuda externa, y con las que el sector privado toma préstamos en el exterior”.

“La falta de estadísticas confiables afecta, finalmente, las decisiones de aumentos de precios y reclamos salariales, lo cual termina intensificando aún más la dinámica inflacionaria”, sostuvo Escudero. Por último, indicó que la falta de transparencia en la estimación de los indicadores económicos “contribuye de un modo penoso al deterioro de la tan mentada calidad institucional”.

Escudero propone que la AGN controle la metodología y la estimación de los índices desarrollados por organismos del Estado Nacional: índices de precios y sus correspondientes tasas de inflación (incluyendo canasta básica de consumo, índice de precios al consumidor (IPC), índice de precios mayoristas, coeficiente de estabilización de referencia); tasas de variación de salarios; Producto Bruto Interno; y tasas de desempleo y subempleo.

Asimismo, pretende que la AGN emita un dictamen –de carácter público- en el cual identifique puntualmente “los sesgos metodológicos y errores u otros vicios de estimación concreta”, y que lo remita al Congreso en un plazo de 90 días desde la publicación de las estadísticas correspondientes al mes de diciembre de cada año.