Tras dos intentos fallidos anteriores, los legisladores porteños convirtieron en ley el proyecto que le permite al gobierno de la Ciudad endeudarse para financiar la construcción de obras para la red de subterráneos.

La norma fue aprobada por 52 votos favorables y sólo dos negativos.

Según lo dispuesto, el Poder Ejecutivo de la Ciudad podrá desarrollar las obras y pagarlas en su totalidad, mediante un endeudamiento.

El documento aprobado establece “la autorización al Poder Ejecutivo, por intermedio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) a efectuar los llamados a Licitación Pública para la construcción de las líneas; a prestar o concesionar el servicio y a otorgar subsidios para mantener una tarifa única en toda la red de subtes”.

El proyecto lelva las firmas de todos los representantes de las comisiones de Obras y Servicios Públicos; de Tránsito y Transporte; de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y de Planeamiento Urbano.

La ley consta de cinco artículos, y establece que el gobierno podrá construir, a partir de la sociedad Subterráneos de Buenos Aires SE (SBASE), las líneas que están proyectadas: la “F” (Barracas-Recoleta), “G” (Retiro-Villa del Parque), “I” (Pompeya-Núñez) y “E Norte” (Retiro-Plaza Italia).

Aunque el macrismo intentó en su momento modificar las trazas, la medida respeta lo dispuesto originalmente, tras el rechazo de los vecinos, por lo que las obras restantes de la línea “H” conectarán Retiro y Pompeya.

La ley dispone que el Gobierno, que podrá licitar esas obras, abonará el total de los costos, tanto en infraestructura como en equipamiento, y que luego podrá otorgar la concesión de la explotación del servicio a una empresa privada, como sucede ahora con Metrovías.

Además se faculta al Poder Ejecutivo a realizar acuerdos con el gobierno nacional para obtener el financiamiento, mientras que se incluye la posibilidad de otorgar subsidios a la empresa concesionaria, con objeto de “cubrir los costos operativos” del servicio, según indica el texto.

Fuentes de la Legislatura aseguraron que “la obra costaría unos 2500 millones de dólares y que la ciudad se endeudará para obtenerlos”.

Otra de las modificaciones votadas autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar los aportes del valor total de las inversiones para dichas construcciones, lo que incluye toda la infraestructura y el material rodante. La ley 670 establece un tope del 60% del total de las inversiones.

Respecto de la tarifa, el nuevo texto normativo habilita al Poder Ejecutivo a que, en caso de que no llegue a cubrir los costos operativos y de mantenimiento de este servicio público, proponga a la Legislatura una política de subsidios a la misma.

En cambio, no fue modificado el punto que establece que la tarifa sea única para viajes en toda la red, lo que incluye las líneas existentes y a construir, más los viajes combinados entre cualesquiera de ellas, con independencia de las empresas o entidades que las operen. El Ente Regulador de los Servicios Públicos seguirá analizando la base de cálculo del sistema tarifario, según lo establece la Ley N° 210.

Finalmente, la integración de la Comisión de seguimiento de la licitación y las obras del proyecto, será compartida entre 7 representantes de la Legislatura y 2 de SBASE. La misma deberá reunirse trimestralmente con representantes de los trabajadores del subte y de asociaciones de consumidores y usuarios.

“Como política de Estado debemos entender esta ley como un tema central de nuestro gobierno; un plan estratégico coordinado que contempla cuatro objetivos: atención, integración, articulación de la red de subtes con los otros sistemas d! e transporte público y facilitación de la vida de los ciudadanos”, dijo el jefe del Bloque PRO, diputado Oscar Moscariello.

El bloque Nueva Izquierda, integrado por la diputada Patricia Walsh, junto al de Autodeterminación y Libertad, del diputado Gerardo Romagnoli, fueron los únicos en oponerse a la ley en la votación en general. Advirtieron que habilita al Estado a la inversión de toda la infraestructura de subtes que “serán concesionados luego a empresas privadas” y criticaron también la política de subsidios. En la votación en particular otros bloques rechazaron el articulado puesto en consideración.

Consumidores y Usuarios

Por otra parte, el Cuerpo sancionó un conjunto de cuatro leyes tendientes a promover los derechos de consumidores y usuarios. Una de ellas, impulsada por la diputada Ivana Centanaro (Frente para la Victoria), establece la obligación a las Compañías de Telefonía Móvil, medicina prepaga, servicios de televisión por cable y/o internet que brindan servicios en la Ciudad de Buenos Aires, de entregar un certificado de baja del servicio dentro de las 72 horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión por parte del interesado.

La misma legisladora promovió la ley que dispone la colocación en comercios de cartelería con el siguiente mensaje: “Sr. Consumidor ante cualquier duda o reclamo diríjase a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor” y con el teléfono y dirección de dicha repartición.

También será obligatorio para empresas y establecimientos que comercialicen cosas muebles no consumibles y ofrezcan una “garantía extendida”, informar al consumidor acerca de los términos de la misma. La iniciativa de esta norma corresponde al diputado Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), quien también impulsó la ley por la cual deberá entregarse sin cargo y con antelación a la contratación, un ejemplar del modelo de contrato a suscribir a todo consumidor o usuario que lo solicite.

El diputado Martín Borrelli (PRO) es autor de la ley que establece que vehículos pertenecientes o que presten servicios al Gobierno de la Ciudad, lleven inscriptos en lugar visible una leyenda con un número de teléfono gratuito para denuncias por mal manejo, uso indebido de la unidad u otros reclamos relacionados con el desempeño en la vía pública.

Regulación del transporte en vehículos recreativos

Fue incorporado al Código de Tránsito y Transporte en vigencia (Ley N° 2.148) un capítulo específico sobre el “Transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía”. El objeto es regular la actividad que hasta ahora no contaba con la normativa. Dichos vehículos deberán contar con el permiso y la habilitación funcional correspondientes. Además los prestadores del servicio y conductores de los vehículos deberán estar inscriptos en un Registro a cargo de la Autoridad de Aplicación. La iniciativa es del jefe de Gobierno.