Las ONGs opinaron sobre los proyectos para crear la Policía Metropolitana

Fue la tercera de las reuniones organizadas por la Comisión de Seguridad con el objeto de escuchar a distintos sectores de la sociedad, poderes y organismos de gobierno.

La Comisión de Seguridad de la Legislatura recibió a María Fernanda González Samudio, coordinadora de Estudios de Seguridad del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana; a Darío Kosovsky, director del Centro de Estudios de Política Criminal y Seguridad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y a Claudio Suárez, del Centro para el Desarrollo de Políticas de Inclusión Social (CEDEPI), con el objeto de escuchar sus opiniones respecto de los proyectos de ley, en tratamiento de la comisión, referidos a la creación de una policía de la Ciudad.

González Samudio se refirió a una encuesta realizada en el área metropolitana y provincial referida a la percepción ciudadana de la inseguridad, en la que se refleja una “necesidad insatisfecha de la seguridad asimilada a contar con una policía que cumpla con esa función”. En ese sentido aseguró que “el gobierno necesita contar con ella para garantizar el manejo de la seguridad pública” y se mostró de acuerdo con el perfil del policía que se propone en los proyectos en cuestión: “un servidor público que tenga una función orientativa, que sea un vecino, un ciudadano más, comprometido con los problemas del lugar”. Consideró positiva la propuesta en cuanto a la profesionalización de la fuerza y dijo que sería necesario pensar en un período de transición con incorporación de personal de otras fuerzas de seguridad existentes.

Darío Kosovsky y Claudio Suárez coincidieron en que es inadecuado tratar este proyecto antes de debatir “un sistema institucional en seguridad pública”, en palabras del primero, o un “marco normativo”, en términos del segundo.

Desde el INECIP, Kosovsky festejó “la clara voluntad política” del gobierno de Macri respecto de la creación de una policía local, pero dijo que “parece haber una contradicción cuando se habla de un sistema de seguridad y se empieza con la creación de la policía”, y advirtió que “se va a terminar policializando la política de seguridad”. También sostuvo que el traspaso de recursos federales para la policía “es una reivindicación que no se tiene que abandonar” y que ésta “tiene que llevarse a cabo desde la Legislatura”.

Por su parte, Suárez (CEDEPI) consideró que falta definir “una ley marco de seguridad”, así como “los diagnósticos institucional, sobre los recursos existentes, y criminológico”. En cuanto a estrategias políticas, opinó que la Ciudad “debe sentarse con la Nación para establecer, con mucha especificidad, procesos de transferencias y absorción de competencias en materia de seguridad local”. Al igual que Kosovsky, dijo que la fuerza policial debe ser preventiva y que debe! ría crearse una policía de investigación, independientemente de aquélla.

En defensa del proyecto enviado por el jefe de Gobierno, el diputado oficialista Cristian Ritondo dijo que este “sólo propone crear una herramienta que es fundamental, porque sin policía no hay política de seguridad”. En tanto el diputado Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires) coincidió en discutir una ley marco dentro de la cual esté incluida la creación de la policía local. Por su parte, la diputada Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) se refirió a la transferencia de recursos y dijo ser partidaria de que la Ciudad “siga reclamando mayores niveles de coparticipación si va a hacerse cargo de más competencias en temas de seguridad, de justicia y política penitenciaria”.

De la reunión, presidida por Silvia La Ruffa a cargo de la Comisión de Seguridad, participaron además de los mencionados, la diputada María Eugenia Rodríguez Araya (PRO) y el diputado Daniel Amoroso (PRO).

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