Esteban Bullrich, diputado nacional del PRO-Recrear, Federico Pinedo (presidente bloque PRO), Paula Bertol (PRO), Oscar Aguad (presidente bloque UCR) y Adrián Pérez (presidente del bloque CC), presentaron un proyecto para declarar el desagravio a las ex diputadas Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón por haber sido citadas a declarar a causa de su participación en acto a favor del agro el pasado 19 de marzo en San Pedro.

“Esto se está convirtiendo en una cacería de brujas. Esta citación no se trata de la violación o no del artículo 194 del Código Penal. Se trata de la intolerancia del Gobierno para con la gente que pensamos distinto, que creemos en el diálogo como vía de resolución de conflictos, que respetamos la división de poderes y el derecho a la libre expresión” dijo Bullrich respecto de la imputación que recae sobre ambas representantes de la oposición. “Como el macartismo, están usando a la Justicia para perseguir a los disidentes de las formas kirchneristas”, agregó el diputado.

El proyecto presentado por los diputados de PRO, Coalición Cívica y UCR expresa: “No se trata de la primera acción que atenta contra el derecho a expresarse en desacuerdo de la opinión y accionar de algunos de los integrantes del Gobierno Nacional. Desde los conflictos sobre la discrecionalidad con la que la administración presente y la anterior han manejado la publicidad oficial, hasta la actual campaña contra el Grupo Clarín, el Gobierno se ha visto envuelto en acontecimientos que dejan entrever su intolerancia ante las críticas”.

“Ni María del Carmen Alarcón ni Margarita Stolbizer estaban cometiendo un delito el 19 de marzo cuando se hicieron presentes al costado de la ruta para manifestar pacíficamente su descontento con el proceder del Gobierno. Muy por el contrario, estaban ejerciendo, como ciudadanas y como referentes de la oposición, su derecho a disentir con el poder central. Es por esto que quienes forman parte del Gobierno Nacional, que como dijimos se caracteriza por ser democrático y republicano, deben escuchar y atender sus reclamos y críticas, no apagarlas motivando acciones que directa o indirectamente atenten contra la libertad de expresión”, concluye el proyecto.