El proyecto lo presentaron los senadores de la oposición, basándose en un expediente presentado en su momento por el ex senador Raúl Alfonsín.
En consonancia con la carta enviada el día anterior por el ex presidente Raúl Alfonsín a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que el hombre de Chascomús hablaba de ese proyecto, senadores opositores presentaron un proyecto para crear un Consejo Económico y Social.
La iniciativa fue presentada por los principales referentes del bloque radical del Senado, Ernesto Sanz y Gerardo Morales, acompañados por el socialista Rubén Giustiniani y el objetivo de la iniciativa es asesorar al Gobierno con el organismo propuesto en estos temas y fomentar el consenso en casos de conflictos, como el agropecuario, hoy por hoy estancado.
En efecto, el proyecto tiene como antecedente una iniciativa similar presentada por Raúl Alfonsín en sus tiempos de senador en 2002. Precisamente Alfonsín se lo recordó en la carta personal que el día anterior le envió a la presidenta Cristina Kirchner.
“Uno de los pilares de la democracia moderna es el de construir una política de consenso, como herramienta fundamental para fortalecer las instituciones de la República”, señala el proyecto, que agrega que “por eso, apostamos por la creación del Consejo Económico y Social, un espacio de consultas y acuerdos entre los poderes que integran el sistema de derecho. Si ya estuviera en funciones, sería ideal para aportar una solución definitiva al conflicto entre el Gobierno y el campo”.
Destacan experiencias similares tales como el Consejo Económico y Social de España, que entró en funciones en 1991; al igual que sus homónimos de la provincia de Chaco (2002) y de la ONU.
El proyecto dispone la creación del Consejo Económico y Social (CES), “como organismo 'extra poder' con personería jurídica de carácter público”, en cual “tendrá funciones de consulta y asesoramiento del Poder Ejecutivo y del Congreso nacional”, relacionándose por intermedio del jefe de Gabinete y de los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados.
El Poder Ejecutivo y el Congreso le harán conocer todos los proyectos de ley y decretos de naturaleza económica y social, y que igualmente el Gobierno puede someter a su consideración todo asunto que considere conveniente, aclarándose que las opiniones del Consejo “no serán de carácter vinculante”.
El CES podrá por iniciativa propia “presentar proyectos de ley, propuestas e informes a ambos poderes del Gobierno, según corresponda, sobre asuntos y políticas consideradas de interés en el área de su competencia, así como dar su opinión sobre la aplicación y la marcha de los planes y programas de política económica y social”.
Su integración será determinada por la reglamentación de la ley, aunque se aclara que “deberán ser representantes del sector público tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso nacional, de las actividades económico, sociales, culturales, cooperativas y cualquier otra significativa”. Esos miembros “deberán constituir una adecuada representación nacional y regional y de las diferentes ramas más importantes de actividad, y contar con la aprobación del Gobierno.
Serán designados en sus funciones por el Poder Ejecutivo durante cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos”.
Su representación pertenece a las instituciones, las cuales los integrantes del CES podrán ser removidos y remplazados por la entidad que representan, y en caso de dejar sus funciones en la misma se considerarán automáticamente renunciados.
