Piden informes al Gobierno nacional por el escándalo de la escuela misionera. Lo hizo el legislador nacional Luis Viana a través de un proyecto donde solicitó que se detallen las medidas vigentes en materia de prevención de esos delitos.
El senador Luis Viana le pidió al Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), que detalle las medidas con las que cuenta el Estado para prevenir ilícitos relacionados al lavado de activos.
La solicitud del legislador que también integra la Comisión Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico, formalizada en un proyecto de resolución presentado ayer en la Cámara alta, surgió a raíz de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Pasos de los Libres (Corrientes) por la presunta utilización del Instituto Crisol Universal de Candelaria (Misiones) en operaciones financieras con fondos que provendrían del narcotráfico.
Como primera medida, Viana pidió detalles sobre la “efectividad y la razonabilidad de las medidas de prevención del lavado de activos adoptadas por la Unidad de Información Financiera para mitigar el riesgo de lavado de activos en el caso y el estado de situación referido a la actuación que les cupo -y las medidas de prevención adoptadas en cada caso- por la Afip (Inscripción, declaraciones impositivas, movimiento de fondos para la construcción del establecimiento educativo, inspección – Reporte de Operación Sospechosa), el Banco Central (régimen informativo de prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas – inspección – Reporte de Operación Sospechosa), el Contador Público (Auditor) y eventualmente la entidad financiera que operaba con el establecimiento educativo Instituto Crisol Universal, sus propietarios y las personas físicas procesadas”.
En otros de los puntos de los puntos del informe se requirió un detalle de la existencia o no de “proyectos de regulaciones en el ámbito de la Unidad de Información Financiera tendientes a mejorar la efectividad del funcionamiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos de la República Argentina, y el estado de situación de las investigaciones, respetando la confidencialidad prevista en el art. 21 inciso C de la Ley Nº 25.246”.
Por otra parte, en los fundamentos de la iniciativa, el senador explicó que “la ley 25.246 ha estructurado un Sistema de Prevención y Contralor del Lavado de Activos que asigna un rol de colaboración a distintas personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. Además, en el artículo 20 de esa norma se establece que las entidades bancarias, el Banco Central de la República Argentina, la Afip, los Contadores Públicos, entre otros, son Sujetos Obligados a Informar y, por ende, están sujetos a la mencionada ley dicha normativa y a las directivas de la UIF”.
En ese sentido, Viana agregó que “resulta llamativo que la operatoria económica llevada a cabo presuntamente desde marzo de 2007 (y los pasos previos a su construcción) por el instituto educativo y/o sus propietarios y/o los procesados en lacCausa no hubiera sido advertida por dichos actores del mundo económico, en su rol de prevención.
“Los activos originados en el narcotráfico e inmersos en el proceso de lavado de activos se detraen de la sociedad conspirando contra la consecución de los fines del Estado, tornándose muchas veces en un obstáculo para alcanzar el bienestar general, en especial los servicios de justicia, salud, asistencia social y educación. Es evidente que en el caso el sistema de prevención a cargo de organismos del Estado, como eventualmente de particulares, no ha sido efectivo, dado que el inicio del proceso penal se sustenta en un anónimo. Por eso, es de suma importancia conocer un informe sobre los tópicos propuestos con la finalidad de propender al mejoramiento integral del sistema”, sentenció el legislador misionero del FpV.
