“Las retenciones, en la forma y la dimensión en que son aplicadas, son inconstitucionales y confiscatorias, y la Justicia lo está diciendo en distintas sentencias”, afirmó el diputado nacional del MPN José Brillo, al acompañar una presentación ante la Justicia Federal que realizaron legisladores de distinta extracción política.

El diputado por Neuquén, junto a su par Hugo Acuña, adhirió a una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, que impulsaron Federico Pinedo, Julián Obiglio y Paula Bertold, en el Juzgado Federal Administrativo N°11, a cargo de María José Sarmiento, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que determinaron el esquema de derechos de exportación conocido como “retenciones móviles” afectando el principio de legalidad tributaria y creando un escenario manifiestamente confiscatorio.

“Efectuamos esta presentación en nuestro carácter de diputados nacionales y en ejercicio de derechos públicos que esa representación nos ha conferido”, explicó Brillo y agregó que “cuando asumimos como diputados juramos respetar y defender la Constitución nacional, y eso está por encima de todo”.

“Esto va mucho más allá de intereses políticos, sectoriales, económicos o gubernamentales. Va más allá de discutir si hay o no canales de diálogo, del alineamiento de los gobernadores o del destino de las retenciones para construir hospitales y viviendas”, entendió el legislador.

La Constitución determina que son los diputados los que sancionan los impuestos, no el Ministerio de Economía. Y esa competencia es todavía más intensa en la Cámara baja, que tiene iniciativa en lo que se refiere a las cuestiones tributarias.

“No hay que calar hondo, este es el problema que tenemos hoy. En la Argentina se ha violado un principio esencial en las democracias constitucionales del mundo, que es el de que no hay tributo sin ley”, analizó el diputado y añadió: “Este principio establece que siempre es indispensable una deliberación democrática de los representantes del pueblo, para establecer los tributos, mediante una ley, ya que también se sabe que el poder de imponer unilateralmente, evidenciará más tarde o más temprano actitudes discrecionales. Y por eso el principio de legalidad en la tributación está consagrado en las normas constitucionales de los estados democráticos”.

Asimismo, Brillo argumentó que “este principio viene siendo desconocido en nuestro país por distintos medios, el dictado de decretos de necesidad y urgencia o de decretos delegados, basados a su vez, en inconstitucionales delegaciones efectuadas por el Congreso, que no puede delegar de manera alguna este tipo de competencias que son consustanciales a su rol institucional y a la división de los poderes”.

En tal sentido, subrayó que “nuestra Constitución prohíbe expresamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, y lo propio ocurre para los decretos delegados, en una elemental interpretación sistemática y armónica. La legislación de emergencia no debe estar por encima de la Ley Suprema, como principio básico de teoría constitucional”.

“Históricamente, el MPN bregó por el respeto a la Constitución, expresándose en contra de los decretos de necesidad y urgencia y de las retenciones confiscatorias y en contra del atropello del poder central a las instituciones y al sistema federal”, recordó el diputado por lo que remarcó que “así que ese es nuestro camino. Le estamos pidiendo a la Justicia ejercer nuestra función de legisladores, groseramente impedida cuando desde el despacho de un funcionario, no electo popularmente, se decide, sin deliberación alguna y de cara a la sociedad, un aumento impositivo confiscatorio. Y en esto no vacilaremos, estamos dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema para defender la Constitución”.