“Esta resolución va más allá de vulnerar el sistema republicano de división de poderes establecido por nuestra Constitución", disparó el diputado jujeño Miguel Angel Giubergia.
El diputado Miguel Giubergia presentó un proyecto para expresar su más enérgico repudio a la resolución Nº 1084/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que ordena a las fuerzas de seguridad que notifiquen a dicho Ministerio antes de cumplir con una orden judicial.
El legislador jujeño agregó que “la desatinada Resolución constituye una grave intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, porque tal como puede observarse, el Ministerio a cargo de Aníbal Fernández ordena a las fuerzas policiales y de seguridad -que de su ministerio dependen- que las órdenes de allanamiento, detención, etc. emanadas por el Poder Judicial no pueden ser llevadas a cabo por dichas fuerzas sin que previamente le sean informadas a dicho ministerio”.
“Esta resolución mas allá de vulnerar el sistema republicano de división de poderes establecido por nuestra Constitución en su artículo 1, avasalla los derechos y garantías que de nuestra Carta Magna emanan, resultaría una legislación más acorde con un gobierno dictatorial que con uno democrático, puesto que, a través de ella, el Poder Ejecutivo se arroga facultades para intervenir en forma directa en los procedimientos correspondientes al Poder Judicial”, señaló el diputado Giubergia.
Indicó que “la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional anunció que efectuará el reclamo correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público se ha pronunciado ya sobre la gravedad de la disposición que rechazamos”.
También dijo que “la Resolución 1084/08 resulta arbitraria e imprudente, toda vez que si la orden de cualquier magistrado fuera dictada contra algún funcionario o simpatizante del Gobierno, fácil es advertir que rápidamente sería anoticiado, por ej. de un allanamiento o pedido de secuestro o detención, y cabe preguntarse qué pasaría con causas como la de Skanska ó con ex-funcionarios, como Uberti, de continuar vigente esta Resolución”.
“Ni que decir de aquellas causas donde el secreto de sumario es ordenado por la Justicia y en esa circunstancia se ordena algún procedimiento, pierde significado dicho instituto judicial”, concluyó Giubergia, a quien acompañan con sus firmas sus pares de la UCR, Liliana Bayonzo y Carlos Urlich (Chaco), Silvia Lemos (Mendoza), Pedro Morini (Santa Fe), Heriberto Martínez Oddone (Córdoba), y el diputado por San Luis, Luis Lusquiños.
