La Legislatura porteña votó favorablemente la adhesión de la Ciudad a la normativa que instituye la conformación de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina en el marco de la ley 25.506, la cual invita a las jurisdicciones subnacionales a adherir al régimen.

Según la propuesta aprobada sobre tablas el Poder Ejecutivo “reglamentará y establecerá el esquema institucional que crea conveniente para implementar la firma digital, de acuerdo a las atribuciones y facultades que le asigna la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Entre los beneficios que permite la aplicación de la firma digital se destacan: la significativa contribución al proceso de “despapelización” de la Administración Pública, equiparando la firma de documentos electrónicos con los rubricados en forma manuscrita; la garantía de autoría e integridad de los documentos digitales; la validez legal de la documentación electrónica, y la introducción de estándares de seguridad en las transacciones electrónicas.

El estudio de la utilización de la firma digital se inició en la Argentina en 1996, a partir de la creación de un grupo ad hoc de funcionarios de las áreas técnicas y legales de los organismos públicos, coordinados por la actual Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). Como resultado de esta exploración, se logró la conformación de la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público, que permitió tanto el surgimiento de autoridades certificantes, emisoras de certificados digitales, como las incipientes aplicaciones en áreas de gobierno.