La Comisión de Legislación General de la Cámara baja abrió la discusión de dos proyectos que irán con a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para ratificar la Resolución 125. La reunión fue convocada en un salón contiguo adonde, a la misma hora, se debatía la continuidad de las retenciones.
La reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Vilma Ibarra, fue convocada en un salón contiguo adonde, a la misma hora, se debatía la continuidad de las retenciones.
Pero luego fue mudada un piso arriba para “abrir un marco de reflexión”, separado de la disputa que enfrentó al campo con el Gobierno durante más de cien días.
“Si ingresamos al debate político, bajamos un piso”, dijo la kirchnerista Vilma Ibarra -presidenta de la Comisión- al cerrar una discusión con el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, que argumentaba que “no se pueden tratar dos proyectos con gran cantidad de contenidos técnicos si no se sabe en qué marco se va a aplicar”.
“No todos son concientes en este parlamento de la seriedad de este momento”, remarcó Sánchez, a lo que la diputada Ibarra retrucó que “el oficialismo tiene la vocación de discutir los temas que están en el sector”.
Durante la reunión que duró más de dos horas y a la que estuvieron invitados dirigentes de la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria, se introdujeron cinco proyectos para modificar la Ley de Arrendamientos y Aparcería; y la legislación sobre registros de depósitos y warrants.
Los proyectos sobre arrendamientos rurales buscan modificar una ley de 1948, estableciendo un término temporal definido para los contratos, ampliando los derechos de los arrendatarios, regulando los precios en base a lo que se produzca en los campos, agregando formalidades contractuales que hoy no están en la norma, impulsando la conservación de los recursos y desalentando la explotación de tierras por parte de los pooles de siembra.
A continuación, se presentó un proyecto sobre warrants, instrumento que da al comprador de la producción el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo a un precio determinado en una fecha futura también determinada.
Tanto en la discusión sobre arrendamientos, como en la de la ley de warrants, los representantes de las entidades rurales prefirieron mantenerse al margen de cualquier ingrediente político.
El dirigente de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti, remarcó que “al arrendamiento se lo ve como una herramienta maligna, cuando en realidad ayuda mucho a los productores agropecuarios para afrontar pérdidas importantes en la producción”.
El representante de la Federación Agraria, Luis Contigiani, sostuvo que “los grandes arrendatarios son los pooles de siembra”, y agregó que el arrendamiento “fue uno de los fenómenos que permitió incluir a un montón de productores que pasaron a ser propietarios”.
Miguel Angel Giraudo, de Coninagro, fue el único que mencionó la palabra “retenciones”, cuando dijo que “es fundamental para lo que puede venir si no se soluciona la actual curva de retenciones móviles”.
