En una plenaria de comisiones –que encabezaron las senadoras justicialistas Sonia Escudero (Salta) y María Cristina Pérceval (Mendoza)- comenzó el tratamiento formal de un proyecto para modificar la ley de armas vigente Nº 20.429, que data de julio de 1973.

Escudero –quien preside la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico y es la autora del proyecto- resaltó que la “Argentina necesita una ley más moderna, más restrictiva y mayores controles por parte del Estado”.

Además de los legisladores de las comisiones de Seguridad Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, participaron representantes de la Red Argentina por el Desarme, del Ministerio de Salud, de la Cancillería, Familiares de Víctimas de hechos producidos por armas de fuego y del Foro por una Argentina sin Armas Ilegales, organización que nuclea a los legítimos usuarios. No asistió el titular del Registro Nacional de Armas, Andrés Meiszner, quien también había sido citado.

En rigor, el tema se encuentra en estudio en la comisión de seguridad de la Cámara Alta desde hace más de tres años. El año pasado se había logrado emitir dictamen, pero este cayo producto del recambio legislativo.

“Es una asignatura pendiente –agregó Escudero- y este año ya estamos en condiciones de avanzar con esta norma”, apuntó la legisladora. El texto pretende unificar en un solo cuerpo normativo los decretos y resoluciones vigentes.

Si bien la autora del proyecto se mostró dispuesta a incorporar modificaciones al proyecto, ratificó que lo que “no puede cambiar es el espíritu de la norma que es que haya menos armas en manos de la población civil, lo que se traducirá en menos muertes”.

“Este proyecto tiene un espíritu más restrictivo y de mayor control en la tenencia y uso de armas” –se explayó la senadora por Salta- al tiempo que indicó que la iniciativa pone énfasis en una “fuerte presencia del Estado como regulador y en el manejo del presupuesto, sin afectar las actividades de los legítimos usuarios como es el caso de los practicantes de tiro, caza, coleccionistas, etc”.

Por su parte, María Pérceval –coautora de la iniciativa en estudio- aseguró que la misma es fruto de un “prolongado esfuerzo de conciliación” entre los diferentes proyectos presentados, y que “el interés superior (que persigue la norma) es la preservación de la vida”.

El texto seguirá en tratamiento en el seno de las comisiones, aunque se descuenta que muy pronto estará en condiciones de ser llevado al recinto.

El padre de Alfredo Marcenac (el joven que murió luego de un tiroteo provocado por Martín Ríos en el barrio porteño de Belgrano) manifestó que estaba “de acuerdo en un todo con el proyecto” porque contempla “más restricciones y regulación del Estado”, aunque reclamó que “la discusión no se prolongue en el tiempo”.

Los representantes de la Cancillería, por su parte, Ministro Gustavo Anchil y Eugenio Buis manifestaron que “el proyecto en su concepción recoge las propuestas más avanzadas en el tema en Naciones Unidas”. Y observaron la necesidad de que el país avance en una norma que centralice la información sobre la incautación de armas.

El director nacional de Prevención de Enfermedades y Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, Hugo Fernández, fue el encargado de hacer mención de las estadísticas oficiales sobre los accidentes con armas de fuego. Sobre 19 mil muertes anuales por causas externas –según datos de 2006-, unos 2000 fallecimientos estuvieron relacionados con armas de fuego (incluye homicidios, suicidios y otras). Afecta en mayor medida a los hombres, especialmente en la franja de personas de entre 15 y 24 años. También, se sabe que el mayor porcentaje de armas de fuego en el hogar, se encuentra en los niveles socioeconómicos y educativos más elevados.

Quienes asistieron en representación de los legítimos usuarios plantearon algunas disidencias, pero que no hacen al fondo del proyecto: tal es el caso de las restricciones en cuanto al marcaje y calibre de las armas, y la solicitud de habilitar un registro oficial de profesionales en el RENAR para que puedan emitir el certificado de aptitud psicológico que exigirá la nueva norma. De esta forma, se pretende descongestionar los hospitales públicos –ya sobrecargados- y facilitar el acceso a los usuarios que habiten en parajes alejados donde no siempre existe un psicólogo que se desempeñe en el nivel público. Ambas inquietudes serán contempladas, adelantó Escudero.

Ricardo Río, del Foro por una Argentina sin Armas Ilegales, sostuvo que “No queremos que la ley deje fuera afuera a aquellos que quieren ser usuarios legales”. El Dr. Alfredo Bosio, reclamó que “no se castigue a quienes ejercen una actividad legítima como la caza y el tiro”, incluso quienes buscan proveerse de seguridad, como es el caso de los habitantes en zonas rurales.

Por último, María Pía Devoto de la Red Argentina para el Desarme manifestó un “claro apoyo al proyecto” y su “acuerdo con los ejes conceptuales” del mismo.