Varias organizaciones sociales consideraron acertada la decisión del Poder Ejecutivo de someter al análisis del Congreso la política pública de retenciones móviles. “Estamos convencidos de que el Congreso es el ámbito deliberativo por excelencia en una democracia y goza de una amplia representatividad política y federal”, resaltaron a través de un comunicado.

En tal sentido, consideraron que el debate parlamentario seguramente estará acompañado de actividades y expresiones en el espacio público y en tal sentido estimaron necesario que sus organizadores se comprometan con las reglas del juego democrático, descartando acciones violentas y declaraciones que puedan constituir alguna forma de coacción o amenaza a las personas o las instituciones.

“Pedimos a los legisladores que asuman su papel de modo responsable y garanticen la mayor transparencia y participación en el trámite parlamentario. Es importante que en el análisis legislativo se contemplen los intereses de los diversos sectores implicados y la necesidad de generar políticas que permitan el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene respecto de los derechos económicos y sociales de los habitantes de la Nación”, puntualizaron.

Bajo estas condiciones, la solución que adopte el Congreso será el fruto del mayor debate social y político posible en un Estado de Derecho. Con independencia de la solución a la que se arribe, su incuestionable legitimidad deberá ser asumida por todos los involucrados como la resolución democrática del conflicto.

Las organizaciones que presentaron el comunicado son Abuelas de Plaza de Mayo, la ADC, ANDHES, APDH, CASACIDN, CELS, Colectivo Ciudadanía, la Comisión Provincial por la Memoria, CTERA, Foco, Fundación Derecho Social, Fundación Ejercicio Ciudadano, la Fundación Sur, INCUPO, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nueva Tierra, Participación Ciudadana, Poder Ciudadano, STEBA, la Unión de Usuarios y Consumidores, y Xumek. Adhirió la Municipalidad de Morón.