El foro por la Educación pública pidió participar en el debate que por la ley de enseñanza se desarrolla en la Legislatura porteña
Un foro que integran dirigentes docentes, de derechos humanos y asociaciones culturales pidió a los legisladores porteños participar en el diseño de la primera ley de Educación para la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa en tratamiento parlamentario.
Los integrantes del Foro por la Educación Pública pidieron en una carta a los legisladores de la comisión de Educación y Ciencia “una convocatoria a la participación ciudadana para legitimar un proyecto de tal envergadura e impacto social como es una ley de educación”.
En este sentido, dijeron que urge su participación en el debate “debido a la existencia de cuatro proyectos de ley educativa con estado parlamentario y en condiciones de ser tratados el presente año legislativo”.
El debate “no debe limitarse exclusivamente el ámbito legislativo”, sostuvieron las organizacioones, entre ellas la conducción de UTE en CTERA de Capital, Centro Cultural de la Cooperación, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La Ciudad de Buenos Aires intentó desde la gestión del ex intendente Fernando de la Rúa contar con una norma que regulara el sistema educativo del distrito, que no pudo aunar consensos, y con otra que rigiera la obligatoriedad de la educación media, que finalmente fue sancionada.
Para el Foro, “la elaboración de la primera ley de Educación constituye una ocasión histórica para la Ciudad”, por lo cual consideraron “imprescindible realizar la presente petición formal para que se garantice de forma plena y efectiva el derecho a la participación activa de toda la ciudadanía”.
La ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada durante la gestión de Néstor Kirchner, conlleva el deber de los jurisdicciones de elaborar y reglamentar sus propias normas en base a la de orden nacional.
Según el Foro, también deben tomarse como referencia las “obligaciones que dimanan de las normas de jerarquía superior tales como la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las normas internacionales de Derechos Humanos ratificadas por nuestro país”.
Asimismo, las organizaciones dijeron que deben servir de guía las leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Técnico Profesional y de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otras.
“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho social y humano”, precisaron los integrantes del Foro, para agregar que “la forma en que el derecho a la educación se defina normativamente resulta de considerable interés público, por cuanto se refiere al modo en que se regulará la educación de millones de personas”.
