Amplio consenso para modificar el Código de Justicia Militar. Uno de los ejes centrales es la eliminación de la pena de muerte. La resolución del conflicto del campo demora su tratamiento.
Por Pablo Winokur
En un año electoral es común que el Congreso trabaje a media máquina: los diputados y senadores se van a hacer campaña a sus provincias y la labor legislativa queda en segundo plano. Este año no hay comicios nacionales, pero, sin embargo, el Senado estuvo un mes sin sesionar. ¿Vagancia? No. Preferían no hacer espamento en medio del conflicto del campo.
“No queríamos salir a discutir leyes menores mientras el país se desangraba con otro tema”, dijo un legislador oficialista, crítico pero obediente de las políticas de los últimos meses.
En este contexto -y discusión de las retenciones mediante- se ve complicado que se pueda cumplir el pedido que en la última sesión realizó el titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto: derogar definitivamente el viejo Código de Justicia Militar que mantenía a aquellos delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas fuera de órbita de la Justicia civil y permitía que se aplicara la pena de muerte en fueros castrenses. Claro que esta demora no implica que el tema quede completamente parado. “Hay acuerdo entre los distintos bloques, así que creemos que si se resuelven los otros temas urgentes (es decir el conflicto con el campo) vamos a poder tratarlo antes de fin de mes”, reconocieron desde la Comisión de Defensa.
Cambio, juez
La reforma al Código de Justicia Militar es un tema que viene trabajando el Gobierno kirchnerista desde sus inicios. Durante la gestión de José Pampuro al frente del Ministerio de Defensa estaba casi listo un proyecto, que dio marcha atrás al asumir en dicha cartera la actual ministra, Nilda Garré. Ella conformó una comisión ad-hoc, formada por distintos especialistas, y se tomó su tiempo para terminar de definir la iniciativa: asumió a fines de 2005, pero el proyecto recién fue presentado en abril de 2007.
La comisión trabajó durante seis meses, en consenso con los departamentos jurídicos de cada una de las fuerzas, y propuso este dictamen. Cabe recordar que la sanción de esta ley no implica un nuevo enfrentamiento de este Gobierno con los militares, sino que se trata de una reforma que es muy pedida por ellos mismos. “La tarea partió de la convicción del fortalecimiento de la calidad de las Fuerzas Armadas como institución del Estado democrático y de derecho que nos rige. Reclama la adecuación de las reglas prácticas que gobiernan los más diversos aspectos de la vida militar”, explica el proyecto original.
Cabe recordar que la derogación del código vigente había sido un compromiso tomado por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al asumir, Nilda Garré había prometido: “Lo único que se trataría en una instancia interna, casi administrativa, son las infracciones a las que les corresponden sanciones disciplinarias y se resuelven dentro de las fuerzas”. Todo lo demás -por ende- quedaría a cargo de la Justicia Penal. Luego, la realidad del cargo le haría ver la importancia de mantener otros temas en la órbita militar.
¿Pero por qué hay que cambiar el actual código? Básicamente porque permite que los militares tengan una justicia independiente, distinta a la que rige para el resto de los ciudadanos. Incluso, esa Justicia permite a las Fuerzas Armadas aplicar la pena de muerte a su tropa, en caso de considerar que éstos cometieron una falta grave.
El senador Rubén Giustiniani, quien también tiene un proyecto al respecto, sostuvo: “¿Por qué los militares han de tener su justicia propia? ¿Por qué el Código Militar han de aplicarlo los militares? ¿Acaso el Código de Comercio lo aplican los comerciantes, el Código de Minería los mineros? ¿No es la justicia ordinaria la que los aplica? ¿Por qué, entonces, el Código Militar no podría también ser aplicado por la Justicia ordinaria?”. Por eso, uno de los objetivos centrales del proyecto, tal como se informó desde la Comisión de Defensa, es la “creación de un nuevo servicio de Justicia común para todas las Fuerzas Armadas, que también, y por sobre todas las cosas, respete los mismos derechos y garantías que los que goza cualquier ciudadano, independientemente de la función profesional o laboral que desempeñe”.
La propuesta
El proyecto aprobado por Diputados tiene nueve artículos que básicamente derogan la anterior normativa e incorpora cinco anexos que contienen algunas disposiciones más específicas: modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal; el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros Conflictos Armados; Instrucciones para la Población Civil en Tiempo de Guerra y otros Conflictos Armados; el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas; y la Organización del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La idea del proyecto es que la ley comience a regir a los seis meses de su promulgación, para dar el tiempo necesario de divulgación y capacitación sobre el contenido. En ese sentido, se prevé la creación de una comisión de reglamentación.
Diputados hizo algunos cambios menores respecto a lo que venía del Ejecutivo, como la generación de una cláusula transitoria especial para Gendarmería y Prefectura, la modificación de algunas escalas penales elevando los mínimos y la supresión de las multas para todos los casos en que estaba prevista.
El proyecto contó con el consenso de todos los bloques y un sólo dictamen minoritario, de la mujer del Frente por los Derechos de los Ciudadanos, Nora Ginzburg. Ella propuso reemplazar la pena de muerte con sanción perpetua y mantener los poderes de la justicia militar. “Creemos que no estamos frente a un simple cuerpo normativo para juzgar las conductas de ciertas personas, sino, por el contrario, uno de los elementos fundamentales del sistema de defensa nacional. El Código de Conducta y la forma de juzgamiento debe constituirse como uno de los pilares para la definición y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, dijo. Según su visión, no se puede asimilar a los militares “a un tipo normal de profesional que se incorpora a una organización estatal como un funcionario público”. “No nos confundamos -agregó-. No es un profesional liberal. Tal vez la mayoría de los oficiales pasan su carrera militar enteramente sin participar en una guerra real”. Su idea es que dado que en general no son probados en funciones, se necesita una forma de disciplinamiento especial y rígida.
Más allá de su oposición -y la de la tucumana Eusebia Jerez- el texto salió sin más trámite. También se abstuvieron entonces Adrián Menem, Gustavo Ferri, María Carolina Moisés y Stella Maris Peso. Cabe aclarar que en la votación hubo 95 diputados ausentes.
¿Qué cambios propone el proyecto a lo que rige actualmente? En primer lugar, consagra “la garantía constitucional del debido proceso”: elimina el fuero militar para el juzgamiento de los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Actualmente esa función se encuentra a cargo de órganos administrativos, completamente ajenos al Poder Judicial.
Crea un nuevo sistema disciplinario para los miembros de las fuerzas, que priorice “el valor disciplina sin descuidar la necesidad de eficacia del servicio y las garantías constitucionales”. Y también genera un nuevo servicio de Justicia común para todas las Fuerzas pero que “respete los mismos derechos y garantías que los que goza cualquier ciudadano, independientemente de la función profesional o laboral que desempeñe”.
Los pasos que siguen
Ahora el proyecto espera el tratamiento de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Defensa del Senado. En principio no habría disidencias al proyecto en general, aunque algunos legisladores plantearon algunas cuestiones particulares a modificar. Habrá que ver si prosperan o no, dado que -en caso de variantes- debería volver a Diputados, lo que alargaría el proceso. Cabe recordar que en el Senado las posiciones suelen ser más homogéneas, dado que el cuerpo en sí lo es: al ser menos y regir un sistema electoral no proporcional, hay menos polarización ideológica.
Por ahora la maquinaria está en marcha y nadie habló oficialmente de posponer el tratamiento. Seguramente ésto no dependerá de la voluntad política del Congreso de sancionar o no el tema, sino de otros problemas probablemente más urgentes que tiene el país. Luego de esto, existe un consenso pleno para dar el debate sobre un asunto que hace a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas.
