La mayoría de los senadores, opositores y oficialistas, coincide en "la necesidad" de aplicar retenciones. No se ponen de acuerdo en la metodología. Mientras tanto, el campo vuelve a las protestas.
La mayoría de los senadores nacionales reconocen la atribución del Poder Ejecutivo de establecer retenciones al agro y coinciden, aunque con matices, en la necesidad de aplicar ese instrumento como política económica.
Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo será discutido el miércoles próximo en el recinto de la Cámara alta, los senadores comenzaron este martes a analizar la resolución 125 en el marco del plenario de las comisiones de Agricultura y Presupuesto del Senado, aprobado el sábado pasado por Diputados.
En ese sentido, varios legisladores ya presentaron propuestas alternativas al proyecto del Poder Ejecutivo, como el senador justicialista Carlos Reutemann, el legislador del radicalismo concertador Pablo Verani; el bloque radical y el socialista Rubén Giustiniani.
De hecho, el radicalismo dio a conocer una propuesta para derogar la Resolución 125 de retenciones móviles pero que establece una retención fija básica para todos los productores, más allá de su tamaño, que será consensuada con el resto de los bloques que conforman la oposición en el Senado Nacional.
En este sentido, el jujeño Gerardo Morales dijo que “las retenciones deben ser fijas, básicas, para todos los productores, más allá del tamaño, y luego adicionales por volumen de producción, y según el grano; es decir, que paguen más los que producen más”.
También, Reutemann, con la firma de su compañera de bloque y comprovinciana Roxana Latorre, presentó un proyecto que establece una retención fija para el trigo y el maíz del 22 por ciento, y para girasol del 30 por ciento.
Para la soja, establece una curva de retenciones con alícuotas crecientes a medida que aumenta el precio FOB (mercadería en puerto de origen, sin incluir seguro ni flete).
Al llegar a los 600 dólares la tonelada, la retención es del 36 por ciento, y para los 700 dólares, del 38,4 por ciento, en tanto, a partir de los 800 dólares, la retención queda fija en el 40 por ciento.
La iniciativa de Pablo Verani y la correntina María Dora Sánchez, integrantes de la Concertación Plural, establece una escala de segmentación en varios niveles contemplando las diferencias entre productores de soja, girasol y maíz.
En tanto, la iniciativa impulsada por Rubén Giustiniani no cuestiona la atribución del Poder Ejecutivo de fijar retenciones pero plantea la necesidad de establecer mecanismos que atenúen el efecto del nuevo esquema de Derechos de Exportación móviles sobre los pequeños y medianos productores agropecuarios.
Al explicar este punto, incluido en su proyecto, Giustiniani dijo que “es necesaria la disposición de mecanismos que atenúen el efecto del nuevo esquema de Derechos de Exportación móviles sobre los pequeños y medianos productores agropecuarios, sin que esto signifique un aumento de los precios internos, especialmente en lo relativo a productos esenciales de la canasta familiar”.
Mientras se discute una política agraria y su respectiva medida económica, los productores agrarios vuelven a protestar a las rutas.
