La Cámara baja buscaba sesionar este martes para tratar el nuevo proyecto sobre los contratos de alquiler de los campo y otra norma que regula la declaración de la Emergencia Agropecuaria. Pero por la coyuntura política, la sesión quedó para el miércoles.
En el marco de las iniciativas para el agro que el oficialismo impulsa tras la sanción del proyecto de retenciones, Diputados quería sancionar dos normas que forman parte de las leyes complementarias al proyecto del Poder Ejecutivo sancionado el sábado 5 de julio.
Pero la coyuntura política marca una realidad compleja para sesionar, ya que el martes habrá dos marchas a favor y en contra de las retenciones. Por lo tanto, no habrá sesión este martes, postergándose la misma un día.
Las dos iniciativas, que ya recibieron dictamen del plenario de comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara baja y que previamente contaron con el aval de la de Legislación General, podrían ser tratadas por el Senado junto al proyecto de retenciones móviles, según fuentes parlamentarias.
Para el martes, el titular del PJ, Néstor Kirchner, convocó a una marcha frente a la Plaza de los Dos Congresos en respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo y al debate que se realizará un día después en el Senado, por lo cual no se descarta que el inicio de la sesión se pueda demorar varias horas.
La nueva ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales -que cuenta con 94 artículos- está basada en una norma del ex arista Eduardo Macaluse elaborada con el aval de la Federación Agraria (FAA) y busca regular todos los aspectos de un contrato, a la vez que establece distintas responsabilidades de los arrendatarios.
Con esta norma, que reemplazará la que modificó la dictadura militar, se extienden de tres a cinco años los contratos de arrendamiento y restablece una legislación tutelar para el pequeño productor o aquél que trabaja la tierra.
El proyecto reincorpora el concepto de ciclo en la producción agrícola, es decir, si a la finalización del período la situación del productor fuera de quebranto la deuda hasta se puede condonar, a la vez que se declaran inembargables sus bienes e incluso sus maquinarias.
Además, se establece que el propietario podrá dar a un sólo arrendatario hasta un máximo de 10 unidades económicas la superficie máxima que un aparcero podrá conceder para explotar y pretende rescatar la figura del pequeño y mediano agricultor, a la vez que busca frenar la especulación de los “pools de siembra”.
De esta manera, la iniciativa recoge parte de un reclamo histórico de la Federación Agraria, que argumenta que el alargamiento de los alquileres rurales favorece a los pequeños productores, quienes ganarán más estabilidad.
Es que, según datos de la FAA, entre 1933 y 1973, 95 mil chacareros se convirtieron en propietarios y entre 1988 y 2002, unos 100 mil productores agropecuarios dejaron de serlo. Por otro lado, la ley que declara la emergencia agropecuaria busca revertir los daños causados por eventos climatológicos que afecten la producción y contempla un fondo de 150 millones de pesos para recomponer la capacidad de pequeños productores.
Es una iniciativa impulsada por el titular de la comisión de Agricultura, el kirchnerista cordobés Alberto Cantero Gutiérrez, y los diputados del Frente para la Victoria, Mariano West y Rubén Sciutto.
Los recursos podrán ser utilizados por los productores para construir instalaciones o adquirir equipamientos que reduzcan su vulnerabilidad o financiar líneas de crédito especiales, con bonificación de hasta el 50 por ciento de la tasa de interés de créditos para financiar gastos de inversión y capital de trabajo.
A través de la declaración de emergencia agropecuaria se faculta a la Secretaría de Agricultura a declarar ese estado, en el marco del Sistema Nacional de emergencia agropecuaria, creado para impulsar políticas destinadas a reducir y remediar daños causados por eventos climáticos o humanos.
La norma establece un fondo del 0,5 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios, o su porcentaje equivalente de las exportaciones provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio fiscal.
