El Gobierno derogó este viernes la resolución 125/08 del Ministerio de Economía que establece las retenciones móviles a la exportación de granos, tras el rechazo parlamentario que la iniciativa oficial obtuvo en la Cámara de Senadores.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue quien oficializó el decreto por el cual se deja sin efecto la resolución que originó el conflicto con el campo por las retenciones móviles.

Fuentes oficiales y del justicialismo habían adelantado que la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Carlos Fernández, firmarían el decreto para retrotraer el canon al 10 de marzo.

Mientras no quede publicada esa derogación, que podría darse entre el lunes y el martes de la próxima semana, esas operaciones se deberían realizar con la 125, aunque en rigor nadie opera en ese mercado a la espera de la baja de aranceles.

Lo particular de esta decisión es que deja sin efecto el beneficio de una retención del 30 por ciento que se había dispuesto para los pequeños productores, alcanzada con las modificatorias de la polémica resolución.

La decisión fue tomada luego de que el jueves a la madrugada, tras un extenso debate, la Cámara alta rechazara el proyecto oficial sobre la resolución 125/08 del Ministerio de Economía que desató el conflicto con el sector agropecuario.

“La igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio nacional es un eje del Gobierno y para mayores resultados sólo se podrán producir si hay mejoras en los ingresos, ante la repercusión del crecimiento de los alimentos que, por un lado mejora la situación de algunos y amenaza con la posibilidad de dejar fuera del consumo a otros”, agregó.

Señaló que “la situacion presenta gran complejidad para estabilizar los precios internos, para mantener un volumen de oferta interna y adecuado ingresos se modificaron los derechos de exportacion de la soja, girasol, maíz trigo y sus derivados”.

Subrayó que se impusieron derechos moviles “en un uso legitimo del ejercicio del gobierno nacional electo, pero fue el pretexto para un violento lock out patronal encarecimento de los alimentos, coacciones, amenaza y agresiones verbales y fisicas”.

Remarcó que tras el rechazo del proyecto por parte del Poder Legislativo “ordenamos dejar la resolución sin efecto para que puedan discutirse en democracia, pero con instituciones que no estén presionadas, medidas que es necesario desterrar de las conductas sociales, de la manera que estas amenazas limiten o determine de algún modo la voluntad, estará condicionada nuestra democracia y nuestras instituciones, por ello la Presidenta”.