El diputado nacional Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana), presentó un proyecto de ley para establecer mecanismos de justa distribución de la pauta publicitaria oficial, para lo cual propuso una normativa que impida cualquier tipo de discriminación.

El legislador entrerriano incluyó en el ámbito de aplicación de la ley al Poder Ejecutivo Nacional, incluida la Administración central y los organismos descentralizados; el Poder Legislativo de la Nación; el Poder Judicial de la Nación, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público. También incorporó a las instituciones de Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado Nacional.

“Cuando vemos en los sucesivos presupuestos nacionales como crece la llamada 'torta' publicitaria oficial, sin que ninguna norma establezca los mecanismos más justos y democráticos para su distribución y control, creemos que es necesario que haya una normativa que sea pública y común a todos los actores de la comunicación”, expresó el diputado.

Martínez Garbino especificó que “solo se podrán promover o contratar campañas y avisos de publicidad oficial que tengan por finalidad difundir y promover el ejercicio de derechos y obligaciones del Estado y el ciudadano y difundir y comunicar actos de gobierno, programas, iniciativas, servicios y, en general, actuaciones públicas o informaciones de genuina relevancia e interés social”.

Contrariamente, el proyecto deja perfectamente establecido que quedará prohibida la publicidad oficial que configure propaganda encubierta en razón de promover intereses partidarios o de gobierno.

En sus fundamentos, Martínez Garbino aludió a declaraciones internacionales que estatuyen que “la concesión o supresión de publicidad oficial estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

Advirtió que “más allá de la innegable aceptación de que el uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial es una de las posibles manifestaciones de las restricciones indirectas al derecho a la libertad de expresión, resulta insoslayable contar con un marco jurídico normativo”.

Martínez Garbino consideró además que la publicidad oficial deberá suspenderse noventa días antes de la fecha fijada para elecciones nacionales, salvo situaciones de emergencia.