“El gobierno de Macri se apoya en estadísticas públicas inexistentes, que generan indicadores de precios poco transparentes, con el único objeto de garantizar ganancias extraordinarias a los contratistas de la Ciudad, aún cuando las obras estén paralizadas”, así comienza la acusación del diputado porteño Martín Hourest, sobre las intenciones de Mauricio Macri.
El legislador Martín Hourest explica que “el Ejecutivo porteño le pide a la Legislatura que apruebe un nuevo régimen para la re determinación de precios de los contratos de obra pública que, en síntesis, sólo genera mejores condiciones para los proveedores de la ciudad de Buenos Aires y ubica al Estado en el garante unilateral de esas condiciones favorables”.
Según Hourest, esta iniciativa de Macri está “sincerando que, para mostrar obra pública, necesita recurrir a nuevas estimaciones de precios que favorecen a las empresas que contrata la Ciudad”. “Con índices de precios manipulados por el INDEC, el Ejecutivo porteño tomaría indicadores determinados por otros organismos oficiales o especializados, lo que equivale a un reajuste de precios a medida de las empresas contratistas”, manifestó el economista Hourest.
En cambio, “Macri nada dice sobre redeterminaciones que involucren a los salarios de los trabajadores y a las prestaciones sociales”, agregó.
“El nuevo régimen le concede a los contratistas la posibilidad de reajustar precios apenas comenzadas las obras y cuando los costos hayan variado en promedio más del 7 por ciento”, sostuvo el legislador.
Según el régimen vigente (decreto 2/03) los contratistas podrán pedir reajuste de precios a partir de los 6 meses de puesta en marcha de las obras públicas, y establece en 10 por ciento el porcentaje de variación de costos a reajustar.
Con el nuevo régimen de re determinación de precios, “queda sin efecto el principio de sacrificio compartido (que reconoce el impacto de la inflación en forma generalizada) y la imposibilidad de reajustar la ganancia empresaria”.
“El gobierno de Macri cierra el paquete de medidas con la emisión de un bono de deuda, con altos costos para la Ciudad, que utilizará para pagar los nuevos costos de las empresas contratistas. En el contexto actual, cuando la deuda flotante es la más baja de los últimos años, el Ejecutivo ya pagó 310 millones de pesos a los proveedores, y pide una emisión de bono de deuda por hasta 490 millones de pesos”, señaló Hourest.
La decisión de Macri de “encarar re determinaciones de precios para las empresas y no tomarlas en cuenta a la hora de medir indicadores de pobreza e indigencia, repite la lógica de medir la inflación con los índices manipulados que, a nivel nacional, difunde el INDEC”, expresó Hourest.
