El Senado aprobó crear un organismo que se ocupará de analizar las exportaciones realizadas entre noviembre de 2007 y marzo pasado.
En su vuelta al trabajo en el recinto luego de la histórica sesión en la que naufragaron las retenciones móviles, la Cámara alta trató como primer tema la creación de una comisión que se ocupe de investigar a las compañías cerealeras que realizaron exportaciones que podrían haber reportado una evasión del orden de los mil quinientos millones de dólares.
La iniciativa fue aprobada en forma unánime y deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados.
El trabajo tendrá en consideración las exportaciones realizadas por compañías cerealeras entre noviembre y marzo pasado.
La comisión bicameral estará compuesta por seis senadores y otros tantos diputados, que trabajarán a lo largo de noventa días para investigar el tema, aunque sin inmiscuirse en tareas de la Justicia, según se encargó de aclarar enfáticamente el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto.
El titular del bloque kirchnerista hizo hincapié en que la misma será una “comisión bicameral de investigación que buscará trabajar seriamente con toda la documentación a la que pueda acceder”, pero que “no tendrá facultades discrecionales, procederá con crudeza y energía pero con prudencia”.
Señaló también que el proyecto será enviado inmediatamente a la Cámara de Diputados con la intención de que sea sancionado la semana entrante.
Una vez leído el proyecto con las correcciones propuestas, el senador radical Gerardo Morales explicó que la preocupación por crear esta comisión surgió ante la necesidad de analizar declaraciones juradas presumiblemente falsas ya que operaciones por 23 millones de toneladas sobre las que se aplicaron retenciones al 27%, no habrían estado realmente pactadas. “Los exportadores congelaron precio y alícuota con operaciones que todavía no estaban acordadas”, indicó.
Agregó luego que “se produjo un doble perjuicio, al productor y al fisco, ya que se habría producido una apropiación indebida de 111 dólares por tonelada”.
Recordó también que el parlamento había solucionado en parte el tema de estos congelamientos con la corrección del senado a la ley Martínez Raimonda: “En ese momento se descongeló la alícuota pero se dejó congelado el precio, corrigiendo parcialmente el tema de una apropiación indebida”
A pedido del titular del bloque radical, Ernesto Sanz, se decidió convertir el proyecto de resolución en proyecto de ley y, por esa razón, omitir el artículo en que se invita a la Cámara de Diputados. Se aceptó por último la redacción propuesta por el senador Ríos en el sentido de que en el artículo primero quede expresada la “creación” de una comisión bicameral.
El proyecto surgió de varios proyectos presentados por diferentes senadores en torno al tema, resolviéndose finalmente que sea una comisión formada por integrantes de ambas cámaras la que se ocupe de llevar adelante la investigación.
Precisamente Pichetto explicó en el recinto que de acuerdo a lo acordado con el oficialismo de la Cámara baja, la iniciativa será convertida en ley el próximo miércoles, cuando se reanude la actividad en ese cuerpo.
Lo que estará bajo la lupa es el estudio de “presuntas maniobras fraudulentas que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales”.
De esta manera las empresas habrían sorteado las subas en las alícuotas a las exportaciones de soja en los primeros días de noviembre pasado -del 27 al 35 por ciento-, embolsando una cifra superior a los 1.500 millones de dólares.
El plazo de 90 días estipulado en la iniciativa sólo puede ser prorrogable por la mayoría de los miembros de la comisión por un plazo similar.
“Es necesario analizar una conducta que hace a la cuestión fiscal”, expuso el rionegrino Pichetto, remarcando que es “un hecho complejo en el que hay estimativamente unos 1.500 millones de dólares en discusión”.
El titular del bloque oficialista advirtió que “no somos un tribunal de juicio, ni vamos a plantear responsabilidades al voleo. Vamos a trabajar con documentación y antecedentes”.
El proyecto fue aprobado en forma unánime y contó con la anuencia expresada a través de discursos por el radical Gerardo Morales, el arista fueguino José Martínez y la justicialista puntana Liliana Negre de alonso.
Cabe recordar que en su momento el titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, hizo propia la denuncia de varios sectores y ordenó revisar las retenciones aplicadas a las exportaciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos (aceites) exportadas por 57 empresas.
Para esto se amparó en la ley Martínez Raymonda (que establece mayores controles sobre los registros exportadores) y el decreto presidencial 764 de mayo de 2008.
Según sus primeras conclusiones, las compañías no podrían acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como declararon en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
