En el 2005, el diputado socialista fue cofirmante de un proyecto de declaración que solicitaba "el apartamiento del cargo del secretario de Transporte y la investigación sobre la evolución de su patrimonio personal". Conozca el proyecto.
El pasado condena a la mayoría de las personas, por más coherentes que sean en la vida. En política es muy posible tener giros y este es un nuevo caso.
El sindicalista del sector aeronáutico y ex director de Aerolíneas Argentinas, diputado Ariel Basteiro, fue cofirmante de un proyecto de declaración de la entonces radical Margarita Stolbizer, quien solicitaba al Poder Ejecutivo “el apartamiento del cargo del secretario de Transporte y la “investigación sobre la evolución de su patrimonio personal”.
Esto fue recordado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, quien es uno de los margaritos, que disparó: “Yo prefiero al otro Basteiro”.
Por el azar, estaban sentados a la par y la discusión al final de la reunión, en la cual el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, expuso los detalles de la reestatización de Aerolíneas, se convirtió en un Basteiro versus Morán.
“Yo prefiero al Morán de ahora, el que se pone de fiscal y se compromete con la causa. No prefiero al Morán joven de la franja Morada que defendía el gobierno de -Fernando- De la Rúa y lo acompañó como funcionario hasta las puertas del helicóptero. Prefiero este Morán”, concluyó mientras el legislador aludido quería responder pero la presidenta de la Comisión de Transporte, la salteña Beatriz Daher, cortó la pelea y dio por terminada la reunión.
Cabe destacar que Basteiro sigue definiendose como socialista bonaerense pero es aliado al Gobierno nacional.
El proyecto de la polémica
6049-D-05
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional:
1. El apartamiento del cargo del actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su sometimiento a la justicia que investiga irregularidades cometidas en el área a su cargo, y a la investigación sobre la evolución de su patrimonio personal.
2. La renovación de la intervención de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la sustitución de su titular y la apertura de un sumario de investigación sobre la eficacia de cumplimiento de las tareas que la norma ha puesto a su cargo, así como el sometimiento a la investigación de la evolución del patrimonio personal de todos sus integrantes con capacidad de decisión.
Margarita R. Stolbizer. – Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Basteiro. – Horacio F. Pernasetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace meses, distintos integrantes de esta Honorable Cámara hemos realizado vanos intentos por llamar la atención del Poder Ejecutivo respecto de la ineficacia de gestión puesta de manifiesto en el tratamiento de diversos temas de incumbencia del área de competencia del señor secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Mucho más graves aún han sido los informes de la Auditoría General de la Nación, vinculados con el cumplimiento de las concesiones de transporte ferroviario. De manera especial, destaco la actuación 529/041, cuyo objeto han sido los controles de la CNRT sobre calidad del servicio de transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires. Y del mismo modo, la actuación 532/04, sobre el Ferroexpreso Pampeano, para verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario.
En ambos casos, sendos informes son lapidarios en cuanto al incumplimiento de los respectivos concesionarios de las obligaciones asumidas, pero mucho peor parados han quedado los funcionarios que debían realizar las tareas de supervisión y control para justificar luego el mantenimiento de los subsidios y pagos de diversa índole que el Estado nacional ha seguido haciendo, tomando a su cargo el financiamiento de obras que habrían correspondido al particular.
Como si esto fuera poco, el funcionario responsable del área ha sido sospechado por irregularidades cometidas en su cartera, dentro de las cuales cabe recordar el caso de la contratación del Estado con la empresa privada de aeronavegación Southern Winds, a la que se han transferido enorme cantidad de recursos, a la que se ha asociado al Estado en una posición de privilegio respecto de otras compañías sin que hubiera para ello ninguna justificación (salvo recordar la relación preexistente entre la mencionada empresa y la campaña electoral del presidente Kirchner durante el año 2003), todo para que finalmente la empresa quedara involucrada en el delito de contrabando de droga, episodio tapado por el gobierno para disimular las responsabilidades políticas de los funcionarios involucrados, dentro de los que tenía un papel destacado el secretario Jaime.
El mencionado funcionario ha sido denunciado penalmente por varios miembros de esta Honorable Cámara y también por la Oficina Anticorrupción y recientemente la cámara de apelaciones ha resuelto activar la investigación. Por eso es que sería sumamente oportuno que el Poder Ejecutivo resolviera el apartamiento del secretario Jaime para que éste se someta a la investigación de las causas que se le imputan.
Más allá de los resultados del avance judicial de las causas abiertas en el día de la fecha con motivo de los episodios suscitados con el ex Ferrocarril Sarmiento, es evidente que ha implosionado el hartazgo de los usuarios del tren en esta región metropolitana, justificado en la mala calidad del servicio y en las indignas condiciones a las que se los somete en su pasaje cotidiano.
La conclusión más importante a la que debemos arribar es que el Estado paga (y mucho) para que las personas usuarias del tren viajen bien y sin embargo, la gente viaja mal, muy mal. Y esto ocurre porque quien tiene que controlar la calidad del servicio no lo hace, y a pesar de eso, el Estado sigue pagando.
No es posible seguir sin determinar las responsabilidades políticas en torno del atropello que significa hoy en el Gran Buenos Aires tener que viajar en un tren para ir a trabajar, debiendo soportar no sólo el mal estado de la infraestructura, el deficiente cronograma de horarios, falta de vagones, incumplimiento de las obligaciones de la prestataria, sino además la terrible inseguridad a que están sometidas las personas, que suben al tren sin saber si llegarán a su destino. A esto debe además agregarse la enorme incidencia que para el trabajador tiene el costo del pasaje en su bolsillo, en su economía cotidiana. El transporte es, para cada familia, el segundo gasto más importante después de la alimentación. Entonces, si además de lo que paga el pasajero con su boleto el Estado transfiere a las empresas concesionarias enormes cantidades de recursos públicos, sin que se realice ningún control eficaz sobre la prestación del servicio, hay una responsabilidad política en quienes no están actuando como deberían hacerlo.
Frente a esta realidad, el Congreso de la Nación debe demostrar su profunda preocupación solicitando al Poder Ejecutivo la remoción de los funcionarios responsables y la búsqueda de las causas, redireccionando de manera urgente el cumplimiento de la tarea de control que corresponde al Estado sobre la prestación de los servicios públicos concesionados. Es por ello que solicito urgente tratamiento para el presente proyecto de resolución.
Margarita R. Stolbizer. – Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Basteiro. – Horacio F. Pernasetti.
–A las Comisión de Transportes.
