El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para evitar que las empresas del sector puedan incrementar los valores de las cuotas sin autorización del Estado.
El gobierno de Cristina Kirchner buscará la aprobación de un proyecto de ley que involucrará al sector de la medicina prepaga.
Según trascendió a través de los medios, a partir de su aprobación, la norma establecerá que las empresas deban remitirse a los topes del Estado para fijar los aumentos y deberán cumplir con limitaciones a las restricciones y ajustes que aplican a los afiliados mayores de 65 años.
Según el proyecto oficial, los contratos y las cuotas que pagan los 3,8 millones afiliados a las entidades prepagas en todo el territorio Nacional, por lo que las empresas deberán tener la autorización de un órgano estatal para subir el precio de sus servicios.
En rigor, el proyecto ya está en el Congreso desde noviembre de 2006 y hasta tiene dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara baja. La decisión de reactivarlo fue adoptada durante una reunión que Cristina encabezó junto al jefe de Gabinete, Sergio Massa, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, el superintendente del sector, Héctor Capacciolli y la diputada Patricia Vaca Narvaja, el miércoles pasado en la Casa Rosada.
La Superintendencia de Servicios de Salud -que audita a las obras sociales nacionales- y el Ministerio de Economía serán los encargados de regular los incrementos que las empresas quieran aplicar al costo de las cuotas mensuales que abonan sus afiliados.
Desde agosto las cuotas de las prepagas se incrementaron, en promedio, en un 16 por ciento y acumulan un alza del 40 por ciento en apenas 8 meses, a pesar de que el INDEC redujo el peso de la salud privada en la canasta de consumo para que disminuya su impacto en el Indice de Precios (IPC). Por ello, la Superintendencia deberá definir los porcentajes de aumento para los afiliados mayores de 65 años, aunque si esos afiliados cuentan con más de 10 años de antigüedad como abonados de la empresa no podrán sufrir aumentos “en razón de su edad”.
Los períodos de carencia -lapso en la que no rige determinada cobertura y en caso de embarazo de una afiliada- serán establecidos por la Superintendencia, quien también deberá dictaminar las enfermedades que serán consideradas como preexistentes.
