Por Pablo Winokur

La Argentina siempre tiene problemas urgentes. En otro momento fue la crisis económica, la desocupación, la pobreza creciente. Ahora, está la inflación o la crisis con el campo. Pero lo urgente siempre opaca lo importante.

Sin embargo, en el Congreso persisten algunos intentos por mejorar la performance y pensar en el futuro, un futuro que en el mundo preocupa, en especial en lo que hace a la calidad ambiental del planeta. Un futuro que acá no parece importar, porque el presente siempre está primero. Vivir el presente, el presente y nada más…

Parlamentario rastreó cuáles son los proyectos más interesantes de tratamiento pendiente en ambas cámaras del Congreso. Para ello revisó las iniciativas que duermen en las comisiones de Recursos Naturales (Diputados, presidida por Miguel Bonasso) y Medio Ambiente (que preside Daniel Filmus).

Como mínimo…

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Y dice que el Congreso tiene que sancionar una ley de presupuestos ambientales mínimos. Sin embargo, esta norma nunca se trató de manera integral. Hay quienes dicen que es imposible encararla de ese modo y que la manera de hacerlo es por etapas y tema por tema.

Así las cosas, existen distintos proyectos que promueven el establecimiento de presupuestos mínimos en distintas áreas. Uno de ellos es de autoría de la diputada Mabel Müller, quien pide la evaluación de impacto ambiental (EIA) previa al desarrollo de obras o actividades susceptibles de degradar el ambiente. Algunas de las cuestiones que tiene en cuenta esta iniciativa son: si contamina o tiende al agotamiento de los recursos naturales; si altera la dinámica natural de los ecosistemas; si altera el paisaje pre-existente o si emite directa o indirectamente, ruido, olor, calor, luz, vibración o radiación. El proyecto establece penas de hasta 20.000 sueldos mínimos.

Otra propuesta de presupuestos mínimos pretende la protección y conservación de la flora silvestre. Fue presentado este año por Liliana Negre de Alonso, quien busca de este modo paliar de alguna manera el creciente desmonte que existe en el país. Respecto a este tema, la diputada Paula Merchan también presentó un proyecto que pretende enriquecer, conservar y restaurar los bosques amenazados por la expansión de la frontera agropecuaria. “Nuestro país -explica- perdió el 70% de su patrimonio forestal nativo en los últimos 70 años”. “De las 107.260.000 hectáreas de bosques nativos que contabilizó el censo forestal de 1935, sólo quedan 33.190.400, sólo el 12% de nuestro territorio, junto con la pérdida de nuestro patrimonio forestal, se pone en peligro el 40% de nuestra fauna y flora autóctona”, agrega indignada.

Pero para no irnos de tema, volvamos a los presupuestos mínimos. Otro interesado en el tema es el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonasso, quien presentó un proyecto para generar pautas para la protección de los paisajes. La idea del legislador es evitar que se privaticen algunos espacios que deberían estar disponibles para todos. “Por ejemplo -argumenta- en las costas de los lagos Nahuel Huapí, Traful, Gutiérrez, Mascardi y otros de jurisdicción de Parques Nacionales existen propiedades privadas, gran cantidad de alambrados y construcciones que avanzan sobre la zona pública, haciendo imposible el tránsito por las costas y generando un fuerte impacto ambiental”. La idea es que a través de esta ley se garantice “el libre acceso a los paisajes protegidos de todos los habitantes que deseen hacer uso y goce de los mismos”. “Hay hoteles y complejos turísticos que construyeron marinas importantes y obtienen significativos beneficios económicos por ofrecer el uso y goce de espacios públicos, que paradójicamente han dejado de ser populares para estar al servicio de unos pocos”, se queja.

Claro que el tema de los presupuestos mínimos tiene una contra: ¿cómo puede saber un ciudadano si las normas se están cumpliendo? Al respecto, la arista Susana García propone modificar la ley de Información Pública, y crear el “libre acceso a la información pública ambiental”. La idea es que cualquiera pueda acceder a eso: los ciudadanos en general y, en particular, las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tratamiento de problemáticas medioambientales. Esto permitirá un mejor control por parte de la ciudadanía y las organizaciones intermedias.

Reciclado y basura

Otro tema que está generando un boom de proyectos es el de la basura. La Argentina sigue muy atrás en lo que hace al manejo de sus residuos y muchos legisladores están buscando alternativas. Separar, reciclar y mejorar hábitos parecen ser una respuesta posible. Hoy las tecnologías permiten hacer convertir plásticos, papel, cartones, vidrio o latas, en buzos, almohadas, colchas, alfombras, macetas, juguetes, embalajes, madera ecológica, vidrio y otros insumos. Claro que para eso hace falta que la gente separe sus residuos entre reciclables y no reciclables, lo cual hoy no parece factible.

Pero es necesario dar los primeros pasos. Al respecto existe un proyecto con estado parlamentario del fallecido senador Luis Falcó que establece que todos los poderes del Estado “deberán utilizar papel reciclado al menos en un 50% de sus necesidades”. Según el ex legislador radical rionegrino esto podría ser una primera iniciativa para cambiar la cabeza de la gente. “La llamada cultura de lo descartable, no nos deja ver claramente cuantas cosas y con que excelente calidad podemos aprovechar lo que pensamos tiene destino basural”, opinó.

Otra propuesta al respecto es de autoría de la diputada de la Coalición Cívica Susana García, quien propuso la creación de un programa de Basura Cero que busca una reducción del 75% de la basura en los próximos 15 años. Según describe el programa busca “reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, mediante la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado”.

Otro tema de creciente importancia es el de las pilas y baterías. Es conocido que cada pila que se arroja a la basura genera una contaminación muy importante: la ingesta de los minerales que componen las pilas pueden producir daños cerebrales, renales, cáncer, entre otras enfermedades; especialmente pueden ser muy dañinas para las embarazadas. El problema es que hasta hoy no existe tratamiento para ese tipo de residuos con lo cual la mejor alternativa disponible es ir tirándolas de a una junto con la basura doméstica. El peor escenario por ahora es acopiarlas todas juntas.

“La única salida viable en lo inmediato consistiría en propiciar la recolección selectiva de los elementos usados y su colocación transitoria en depósitos adecuadamente diseñados contraídos y mantenidos”, explica el diputado del FpV Antonio Lovaglio Saravia. Su propuesta consiste en que los usuarios puedan entregar sus pilas usadas a los mismos locales en que compran las nuevas. El propietario del negocio podrá recargar las usadas y volver a venderlas a menor precio, o guardarlas en un reservorio, hasta que un representante del organismo que corresponda (gubernamental o no), pase a retirarlo y lo transporte a unos repositorios especialmente diseñados.

En cuanto al tratamiento de residuos, otra iniciativa presentada en diputados hace referencia a la “Gestión Ambiental de Aguas Residuales de origen industrial”. Casi todas las industrias necesitan de agua para fabricar sus productos: por ejemplo, para enfriar sus máquinas o para limpiar determinados productos. El problema es que toda esa agua se termina desperdiciando e incluso se arroja a algún río y termina contaminando toda el agua de ese lugar. Por eso, la diputada Mabel Müller propuso que se recicle al menos un 75% de lo que se usa. La legisladora justicialista pidió que las industrias modifiquen “sus procesos industriales para que sean prácticamente secos, es decir involucrar un consumo de cantidades muy pequeñas de agua, justo el suficiente para el funcionamiento de un esquema de circulación cerrada de manera que no descargasen aguas residuales”. La idea es que esas mejoras se hagan de manera gradual y en un término de diez años. Quienes incumplan la norma pueden ser sancionados con multas o el cierre del local.

Hablando de basura, una última: se sabe que el plástico es mucho más contaminante que otro tipo de materiales. Para ello, una interesante iniciativa del catamarqueño Ramón Saadi busca que para el año 2010 todos los supermercados deban entregar bolsas de papel, mucho más incómodas pero más sanas. Primero empezarían los supermercados y de a poco se aplicaría en locales más chicos, con multas e inhabilitaciones para quienes incumplan la norma.

Para todos los gustos

Si bien los dos temas que más parecen preocupar a diputados y senadores en materia ambiental tienen que ver con los presupuestos mínimos y con la basura, también aparecen otras iniciativas interesantes. Por ejemplo, la creación de la etiqueta ecológica: un proyecto de la socialista María Elena Martín quien propone que la misma sea colocada sobre un producto, acreditando que es menos perjudicial para el medioambiente que otros del mismo género o especie. “La etiqueta ecológica es un estímulo para las empresas que elaboran productos o brindan servicios con un impacto ambiental reducido en comparación con otros de la misma categoría. Su objetivo consiste en promover el consumo de productos que tengan la capacidad potencial de reducir los efectos medioambientales adversos sobre la base de pruebas científicas, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medioambiente”, explica Martín. Este tipo de medidas tienen la ventaja de que son voluntarias. Es decir, no se obliga a nadie a implementar nada, pero se supone que aquellas empresas que adhieran al programa se verán beneficiadas.

Otro tema que concita gran atención es todo lo que hace a la preservación energética. El Gobierno nacional presentó un proyecto -que ya fue aprobado en diputados y espera sanción del Senado- para prohibir para el año 2010 todas las lamparitas incandescentes (es decir, las comunes de filamento). A su vez, otros empezaron a ver que si la ley se aplicara hoy no habría forma de reemplazar las viejas lamparitas. Por eso, el diputado justicialista Juan Carlos Gioja presentó un proyecto de ley para crear un régimen de fomento a la producción nacional de lámparas fluorescentes compactas (LFCs) y lámparas halógenas (LHES) de bajo consumo. La idea es reintegrarles a las empresas que las produzcan el 50% del Impuesto al Cheque y los gastos de IVA en compras de bienes de capital.

Por último, en este popurrí de proyectos no se puede dejar de mencionar una iniciativa de Juan Manuel Irrazábal, quien propuso que las Fuerzas Armadas de la Nación sean las encargadas de defender los recursos naturales. En los fundamentos establece que “en busca de consolidar su armoniosa inserción en la sociedad argentina, están convocadas para cumplir nuevos y diversos roles, listando entre sus objetivos el contribuir a la preservación del medio ambiente”. Argumenta que las FF.AA. tienen muchas unidades a lo largo del país y sería muy provechoso utilizarlas para esto.

Como se observa, existen iniciativas interesantes. Claro que la voluntad política pareciera estar depositada en algún otro lado. En lo urgente, en lo anecdótico, en las peleas internas… Sería bueno, justamente, que mientras el Poder Ejecutivo se ocupa de lo inmediato -con mayor o menor participación del Congreso-, el Legislativo pueda debatir lo importante: los problemas que afectarán sin duda a millones de argentinos en los próximos 10, 100 o 1000 años.