La Cámara alta aprobó y remitió a diputados un proyecto de ley que simplifica los requisitos para que los residuos de mercaderías que quedan en la Aduana, como sobrantes que nadie reclama, sean distribuidos entre la Nación, las provincias y los municipios.

Estamos hablando de las mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del estado nacional, provincial o municipal.

Fue el tema aboradado por el Senado en primer lugar y corresponde a un proyecto de ley del senador Marcelo Guinle (FPV-Chubut) y otros señores senadores, modificando la ley 25.603 sobre mercadería a disposición del servicio aduanero el que pasó entonces a Diputados.

Se establece que el “servicio aduanero, previa constatación de la situación jurídica de la mercadería” en su poder y de la “obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”. Esa repartición que depende directamente de la Presidencia de la Nación debe afectar los bienes “para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a su ejecución”.