El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y girado para su consideración al Senado, contempla la reestatización de las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas, elimina la posibilidad de una reprivatización y establece que el valor de las acciones deberá ser avalado desde el Congreso.
Los diputados del oficialismo excluyeron durante el debate en comisión el artículo 2, que proponía la aprobación del acta acuerdo firmado entre el gobierno y el grupo español Marsans. También se eliminó el artículo 6 que habilitaba al gobierno a poder incorporar capital privado y ceder acciones de las empresas.
El proyecto establece que “para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial, correo y carga en el ámbito de la República Argentina, se dispone por esta ley el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral por compra de sus acciones societarias”.
Establece que “el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las valuaciones de la empresas” y que “la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas”.
El artículo 3 precisa que “el precio que se establezca deberá someterse a la aprobación del Congreso”, en tanto que el 4 autoriza “la cesión” las empresas “por hasta un máximo del 10 por ciento del paquete accionario”.
Respecto de la financiación, el proyecto dice que “el Poder Ejecutivo podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2008, debiendo realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informando sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado”.
En otro artículo indica que “el monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo con la finalidad de atender lo dispuesto en el articulo anterior, podrán instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado Nacional, debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias correspondientes”.
Además, el texto dice que “para garantizar y la correcta instrumentación podría requerirse la intervención de la Auditoria General de la Nación. Como parte del acuerdo con el bloque Solidaridad e Igualdad, el oficialismo aceptó incluir, para completar el artículo 2do, que “las tasaciones se realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 15 de julio de 2008”.
También se sumó un artículo 9 que aclara que “en ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”.
