Luego de dormir dos años, se reactivan los proyectos para crear un listado de condenados por delitos sexuales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
La Legislatura “durmió” dos años la creación de un registro de condenados por delitos sexuales, que incluye un banco de datos de ADN, pero un nuevo envión sopla ahora con resultado incierto.
A mediados del 2006 ingresó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley referido a la creación de un Registro Único de Datos para aquellas personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa, que recibió el apoyo de varios miembros de la bancada del FpV -por esos momentos así, a secas- y que fuera elaborado por el senador provincial José Manuel Molina, pretendía contribuir a la conformación de un banco de datos de ADN que permita facilitar la identificación de todas aquellas personas que cometan delitos contra la integridad sexual, regulados en el Título III del Libro II del Código Penal de la Nación Argentina.
También la senadora del PJ Edda Evangelina Acuña había elaborado el suyo, un proyecto que estaba pensado para resistir cualquier embate del Ejecutivo, ya que no se extendía en reglamentaciones de la aplicación ni en el contenido del mismo, como sí avanzaba el primero.
A los proyectos de antaño se le suman otros tantos presentados en Diputados, como el de la legisladora de la UCR Ana María Peralta -del 2006- o incluso, más aquí en el tiempo -en 2007-, el del diputado del FpV, Alberto Agustín Delgado.
Pero recientemente, hechos de público conocimiento, instalaron el tema al tope de la agenda. Y varios proyectos fueron presentados en la Legislatura en ambas Cámara.
Por un lado, reactivaron una rápida reproducción de aquellos proyectos que habían perdido su estado parlamentario sin pena ni gloria. Por el otro, nuevos autores echaron cartas al asunto.
Así a los proyectos de Molina, Acuña, Peralta y Delgado se sumó el de la senadora del FpV/PJ Elsa Strizzi, en la Cámara alta. En la baja, hicieron presentaciones Ángel Villegas, Valeria Améndolara, Horacio De Simone, Mirta Calmel y el bloque Pro.
Básicamente, los proyectos proponen crear en el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires un registro de personas condenadas por delitos sexuales y varios de ellos incluyen que “constarían los registros de ADN de aquellas personas que tengan sentencia de condenatoria firme de las instancias jurisdiccionales provinciales y de la Corte Federal a través de mecanismos recursivos”.
“Toda persona que sea declarada culpable, sentenciada, con condena firme por un delito contra la integridad sexual, será incorporado al Registro Único”, precisó la senadora Elsa Strizzi y detalló: “La incorporación se realizará mediante orden judicial, dictada por el órgano jurisdiccional competente”.
En su momento, el senador Molina aclaró que “la intención de la propuesta, sin desconocer la existencia y respeto de la Constitución, añade un medio de prueba más, a través del cual, la reunión material de la semiplena prueba de la autoría y responsabilidad por este ilícito, determinará con fehaciencia la imputabilidad al sospechado; sin olvidar, obviamente, que ayudará a descartar la duda razonable respecto del inocente”.
También sobrevuela en las iniciativas presentadas la idea de crear, en algún proyecto denominado Consejo en Defensa de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, que estará integrado por distintos representantes y miembros de organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus fines la defensa de los derechos de las víctimas delitos contra la integridad sexual.
Posiciones
El gobernador bonaerense Daniel Scioli dijo que respalda «la creación de un registro de violadores condenados con banco de ADN”, con el objeto de que “sirva para la pronta identificación de los responsables, respetando las garantías constitucionales”.
Pero en los hechos, si tomamos como ejemplo la Cámara de Senadores, el senador del FpV/PJ Roberto Ravale, desde la comandancia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo, dejó que los proyectos de Molina y Acuña perdieran su estado parlamentario meses atrás sin mostrar ningún interés en tratarlo. Ravale es una de las espadas puras del sciolismo en ese ámbito.
Como se sabe, los temas que se tratan en las comisiones legislativas los propone el presidente de las mismas. Ni José María Eseverri -presidente de ACA hasta el 10 de diciembre del 2007-ni Ravale -a partir de aquella fecha- pusieron en discusión los proyectos propuestos por los senadores.
Orden nacional
En el mismo sentido que en la provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, la diputada kirchnerista Nora César (Buenos Aires) presentó el proyecto de ley 3658-D-2008 para crear el Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
Esta iniciativa de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal -que fue acompañada con la firma del diputado Luis Cigogna, titular de la Comisión de Justicia, y de la diputada Diana Conti, integrante de ambas comisiones- lleva varios meses de trabajo, y el texto del proyecto ha sido remitido para su consulta a diversos juristas y constitucionalistas de gran prestigio.
La legisladora busca así aportar una herramienta “contundente para perseguir los delitos aberrantes contra la integridad sexual”, teniendo en cuenta que los siete proyectos que se presentaron sobre esta temática en los últimos años no han logrado el consenso necesario. Por lo tanto, en la Provincia ya se levantaron varias “voces precavidas” que entienden necesario esperar una “resolución allí”.
