“Si los aumentos de costos no están estrictamente estipulados, se corre el riesgo de brindar servicios de baja calidad”, advirtió Francisco Díaz, de Adecra, una asociación que reúne a clínicas y sanatorios privados, al hablar en una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Legislación General.

Médicos y miembros de asociaciones y cámaras, que reúnen a clínicas, farmacias hospitales y entidades prestadoras de servicios de laboratorio, asistieron al anexo de la Cámara baja para fijar su posición sobre un anteproyecto que si recibe este miércoles dictamen de comisión, Diputados lo aprobaría el mismo día.

De la reunión de comisiones participaron también el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capacchioli, y la subsecretaria de la Defensoría del Consumidor, María Lucila Colombo, quienes escucharon las exposiciones.

Las entidades coincidieron en señalar que la iniciativa debe ser “muy cuidadosa en la introducción de tecnología sin recursos”, a la hora de fijar las obligaciones de las prepagas para con sus clientes, y plantearon que debe tenerse en cuenta que el Poder Ejecutivo avaló en 2006 que las prepagas fijen “cuotas ajustadas a riesgo”.

Si bien todos los empresarios aseguraron que compartían la idea de que “es necesaria una ley que fije un marco jurídico”, los representantes de la Asociación de Hospitales de Comunidades dijeron estar “preocupados por la sustentabilidad de las entidades sin fines de lucro”, y diferenciaron su situación de la de las clínicas y sanatorios.

La mayoría de los presentes pidió que la autoridad de aplicación de la ley sea la Superintendencia de Salud y que todos los sectores vinculados a la salud estén presentes en las comisiones de consulta, para poder expresarse antes de que se dispongan nuevas resoluciones.

Médicos de la Confederación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales expresaron su convicción de que “la fragmentación del sistema de salud amerita una ley federal” que regule todas las prestaciones, pero remarcaron que el anteproyecto en estudio “gira en torno a las entidades y no a la actividad” de cada una de ellas.

Como ejemplo, mencionaron que la iniciativa “no tiene en cuenta dos tipos de medicina privada: la dependiente de hospitales y la de los gremios”, y plantearon también que el proyecto “debe contemplar situaciones que se dan en el interior del país”.

Por su parte, la Confederación Médica pidió precisiones sobre quién aplicará los “aranceles mínimos” de las prestaciones (de acuerdo con el proyecto) y cuestionó la falta de argumentos a la hora de explicar por qué se propone un sistema de categorización de la medicina prepaga.

“En general estamos a favor del proyecto, pero queremos que los beneficiarios tengan libertad para elegir a su profesional, su clínica o su farmacia; eso hoy no ocurre”, manifestó un miembro de la Confederación Farmacéutica Argentina.

Desde otro ángulo, el odontólogo Roberto Lema, presidente de la Confederación Odontológica de Buenos Aires, dijo que actualmente “no existe un correlato con los aumentos que recibe la medicina prepaga, con los de los prestadores”.

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico propuso que el proyecto defina formas de contrato entre prestadores y entidades de medicina prepaga por entender que “la salud no debe estar expuesta al libre juego de la oferta y la demanda”.