En la primera audiencia de antecedentes se escucharon las propuestas de los tres candidatos a ocupar el cargo de ombudsman de los presos, pero terminó a los insultos.
La primera audiencia de antecedentes donde se escucharon las propuestas de los tres candidatos a ocupar el cargo de ombudsman de los presos, terminó a los insultos.
Representantes de Organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron con dureza la falta de transparencia de los legisladores oficialistas al decidir rechazar “in limine” las impugnaciones presentadas contra la candidata del Frente para la Victoria, la presidente de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General, Silvia Edith Martínez.
Así fue que la diputada Graciela Camaño tuvo un duro cruce verbal, que incluyó insultos, con Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura del Comité Provincial de la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel y Rossana Gauna de la Asociación de la Casa del Liberado Córdoba .
El enojo de Camaño se manifestó ante la insistencia de Cipriano García y Gauna de saber los verdaderos motivos del rechazo a la impugnación realizada contra la candidata del oficialismo debido a que las mismas se habían presentados en tiempo y forma, tal cual lo establecido por la Comisión Bicameral de Defensoría de Pueblo que preside la senadora santafesina, Roxana Latorre.
Ante esta situación los legisladores de la oposición Gustavo Cusinato, Juan Carlos Marino y Samuel Cabanchik, solicitaron que la comisión reúna “en forma inmediata” para resolver el tema de la impugnaciones.
“Esta no fue una audiencia pública, fue una reunión parlamentaria más porque no nos dieron la posibilidad de poder defender nuestras impugnaciones presentadas correctamente por nuestra organización contra la candidata del oficialismo Silvia Martínez” dijo al ser consultada Rossana Gauna de la Asociación de la Casa del Liberado Córdoba, quien agregó que “todo el procedimiento fue poco claro y transparente”.
A su turno el coordinador del Comité Contra la Tortura del Comité Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano García, fue más duro en sus conceptos y dijo que la reunión “fue todo una farsa y una falta de respeto a más de 12 organizaciones de Derechos Humanos que trabajamos desde hace mucho en el tema”. El enojo de Cipriano García se fundamentaba en la falta de explicación por parte de las autoridades de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo acerca de l rechazo de las impugnaciones “sólo por cuestiones de forma”. Hace mucho que trabajamos Derechos Humanos y precisamente lo que cuidamos, son precisamente las formas”, dijo
Silvia Martínez, había sido impugnada por el CELS con la firma de su presidente Horacio Vervisky, el Comité Provincial de la Memoria con la firma de Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación Casa Liberado de Córdoba, La ONG rompiendo Muros, Instituto de Investigaciones Gino Germani dependiente de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA, el Grupo Universitario Devoto y la Agencia Rodolfo Walsh, entre otras organizaciones de Derechos Humanos.
Por su parte Mugnolo, tuvo una sola impugnación por parte de APDH por haber recibido en su despacho a familiares de genocidas presos en Marcos Paz. Aportan como pruebas dos notas del Diario Critica de la Argentina, y repudian que Mugnolo les haya mandado un médico, pese a que los profesionales de la Procuración, constataron un buen estado de salud de los presos vip.
Lo que dijeron los postulantes
La primera en exponer fue la candidata del Frente para la Victoria, Silvia Edith Martínez. Visiblemente nerviosa, motivo de su falta de de conocimiento profundos para los que el cargo amerita, la actual titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría Oficial, volvió a rechazar el informe sobre tortura presentado por la Procuración Penitenciaria Federal, criticó el rigor del mismo y, desestimó que haya torturas y apremios ilegales en las cárceles nacionales.
Martínez hizo una abierta defensa de la gestión del Director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio. “Llama la atención que justo cuando un civil se hace cargo del SPF, empiecen a aparecer denuncias de malos tratos en las cárceles federales del país. Doy Fe de que se han mejorado notablemente las unidades carcelarias con la llegada de Marambio”
La exposición de Martínez, que se extendió por espacio de 20 minutos, dejó más dudas que certeza a los legisladores de la bicameral incluso a los propios oficialistas. El punto más rispido se dio ante la falta de un respuesta clara a una pregunta del diputado por la UCR de Entre Ríos, Gustavo Cusinato, sobre que diera presiciones que la llevaron a cuestionar el informe de la Procuración sobre apremios ilegales y torturas, cuando este aún no había sido publicado. Martínez no fue clara en sus respuestas y quedó al descubierto la convivencia entre la directora de la Comisión de Cárceles y el titular del Servicio penitenciario federal, Alejandro Marambio.
A su turno, Francisco Mugnolo hizo una férrea defensa de su gestión frente a la Procuración Penitenciaria Federal (lleva 8 años), ratificó la veracidad del Informe sobre torturas y los malos tratos físicos: procedimientos de requisa, sanciones de aislamiento y golpes en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
Ante una pregunta de la diputada aliada al oficialismo, Diana Conti (fue senadora por la Alianza y reemplazo a Alfonsin), referida a “si habìa tenido reuniones con familiares de presos detenidos por lesa humanidad”, Mugnolo fue contundente. “más allá de mis convicciones personales me tuve que regir por el articulo Nº 1 de la ley 25.875 que dice que “el Procurador debe defender los derechos de todos los presos del sistema carcelario argentino”.
Francisco Mugnolo, desmintió que su organismo haya actuado en forma excepcional a favor de los detenidos en el Penal de Marcos Paz, acusados por delitos de lesa humanidad.
“Constatar la salud de los presos de las cárceles federales es un trámite cotidiano que la Procuración realiza a partir de la denuncias de los mismos detenidos o de organismos no gubernamentales vinculados a las protección de los derechos humanos”.
Llama poderosamente la atención que el almirante Llambias se presentara ante mi despacho, solicitando la intervención de la Procuración por violaciones al derecho de protección de la salud de sus camaradas y que al mismo tiempo llegara al organismo una carta de Graciela Carballo, esposa de Miguel Etchecolaz, solicitando lo mismo y manifestando su preocupación porque según le refirieran agentes del SPF, la Procuración no iba a hacer lugar a sus peticiones por cuestiones ideológicas.
“En ocho años que llevo al frente de la Procuración nunca recibí un llamado de presos detenidos por delitos de lesa humanidad”, puntualizó.
Mugnolo aclaró que la Procuración trabaja para que las cárceles sean dignas para todos los presos y que las condiciones de los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad, sean tan estrictas, como para el resto de los presos que cometieron delitos menores”.
Respecto a los pedidos concretos sobre violaciones al derecho a la protección salud, Mugnolo afirmo que la Procuración constató que los evaluados detenidos por causa de lesa humanidad, reciben asistencia médica adecuada dentro de los patrones habituales del Servicio Penitenciario Federal.
Mas aún, de la constatación que realizó la Procuración se verificó que los pabellones 5 y 6 del modulo 4, donde están alojados los detenidos en cuestión, cuentan con un servicio médico permanentemente y dedicado a diferencia de otros presos comunes a quienes no se les brinda, atención exclusiva por pabellón.
Dio más precisiones y dijo que “del listado solicitado por el Almirante Llambias “a cuatro de los detenidos, ya sus respectivos jueces le habían concedido el arresto domiciliario, sin intervención alguna de esta Procuración y un quinto esta internado en un hospital extramuros”.
El menos escuchado fue el candidato de la Coalición Cívica el abogado Ernesto Moreu, quién también reconoció que existen prácticas ilegales de torturas en el sistema carcelario argentino.
La elección se lleva a cabo en medio de un conflicto entre el actual Procurador y el Servicio Penitenciario Federal que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. El motivo de dicho enfrentamiento fue un informe sobre “torturas sistemáticas” en las cárceles y recurrió a la Corte Suprema porque sostuvo que Marambio le impedía controlar los penales. A partir de allí comenzó la persecuta K , para remplazar a Mugnolo que lleva 8 años al frente de la Procaduria, designado por comisión bicameral del Congreso con plena autonomía respecto del Poder Ejecutivo, pero nunca fue ratificado por el Congreso.
El informe de la Procuración Penitenciaria se focalizó en los malos tratos físicos: procedimientos de requisa, sanciones de aislamiento y golpes en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
La presentación de dicho informe suscitó una polémica, puesto que algunas instituciones y organismos (como la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y el INECIP) lo cuestionaron para defender a Marambio, mientras que salieron en defensa de la Procuración, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, etc.
Desde la Comisión de Cárceles de la Defensoría General, que preside la postulante del PEN, Silvia Martínez, criticaron el rigor del informe y destacaron mejoras en las cárceles federales, desestimando torturas y apremios ilegales en las cárceles nacionales.
