El diputado nacional Miguel Bonasso, presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, presentó un proyecto de ley sobre Movilidad de las prestaciones del régimen provisional público.

Este proyecto tiene como finalidad, incorporar la movilidad de las prestaciones sociales o jubilaciones a través de una ley y no por decretos como ocurre hasta ahora.

La norma presentada por Bonasso tiene las siguientes características:

* La movilidad debe comenzar a partir del último aumento decretado por el gobierno en el mes de julio de este año.

* El índice que se utilice para determinar la movilidad sea el que realiza el Ministerio de Trabajo, organismo encargado de medir las variaciones salariales de los trabajadores estables.

* La actualización semestral de haberes que plantea el proyecto, incorpore la Prestación Básica Universal (PBU), un monto fijo pagado por el Estado y que compone sustantivamente el haber jubilatorio.

* La PBU debe modificarse semestralmente a través de mecanismos que fije una nueva ley y no mediante decretos del Poder Ejecutivo Nacional como ocurre en la actualidad.

* Reconocer a los ciudadanos que hayan recurrido a la justicia y obtenido sentencia firme a favor de su reclamo, el derecho a que se les respete el monto fijado por la justicia.

* Incorporar la cláusula de intangibilidad de los aportes previsionales, que estaba incluida en un proyecto anterior de Bonasso, el 1748-D-05. La intangibilidad establece que los recursos destinados al financiamiento del sistema provisional no pueden ser derivados a otras erogaciones del Estado.

* Debe modificarse la fórmula del índice a emplear. El Poder Ejecutivo determina que un 45% de la actualización se vinculará al incremento per cápita del sistema previsional y un 50% a la variación que experimenten los salarios. Esta suma es del 95%. Bonasso propone un coeficiente para que ello no ocurra y para que quede “un 50% más un 50%”.

“Que el Estado tenga una política activa hacia las personas que han recorrido una parte importante de su vida se fundamenta en el viejo ideal revolucionario de la fraternidad –dijo el diputado-. La salida de estas personas de la esfera del mundo del trabajo no puede significar el pasaje a la intemperie, a la pérdida de los derechos que se atan a la condición de ser trabajador formal asalariado, a la desprotección que en nuestro país conduce prácticamente a la desafiliación social de nuestros mayores”.

Sostuvo el legislador que “la protección social es condición de posibilidad para poder vivir en una sociedad sin exclusión, en un espacio de semejantes”.