La ley 26.331, más conocida como “ley de Bosques” fue, sin duda alguna, una de las más debatidas en el seno del Congreso el año pasado. Sin embargo, aún no fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional.

Por ello, la senadora salteña Sonia Escudero presentó recientemente un proyecto de comunicación en el que manifesta su preocupación, habiéndose cumplido ya el plazo máximo de noventa días establecido en la ley. El plazo venció el 13 de mayo de este año.

En su iniciativa, presentada el pasado 27 de agosto, la legisladora solicita, además, que se disponga “una urgente reasignación de partidas presupuestarias a fin de dar cumplimiento con la constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” contemplado en la norma. Estos recursos deberán utilizarse para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que prestan a la sociedad. Pero tampoco se encuentra integrado a la fecha.

La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre de 2007, tuvo por objeto detener la tala indiscriminada del patrimonio natural, promover su conservación, regular la expansión de la frontera agropecuaria y fomentar un manejo sostenible de los bosques nativos, entre otros.

“Cumplido largamente el plazo, todavía la ley no se encuentra reglamentada en tiempo y forma. Ello a pesar de la urgencia manifestada desde diversos sectores de la sociedad –y una mediática campaña realizada por una conocida organización ambientalista- que el año pasado se movilizaron para lograr la sanción de la ley”, expresó Escudero en los fundamentos de su proyecto.

La legisladora agregó: “Mas allá de que cada una de las Provincias tendrá que cumplir con el ordenamiento territorial de bosques dentro de su jurisdicción para acogerse a los términos de la ley, y el plazo para hacerlo es de un (1) año desde la sanción de la misma, es poco alentador que el Poder Ejecutivo, por su parte, incumpla los plazos de reglamentación de la ley, y no constituya con las partidas presupuestarias legalmente acordadas para el Fondo de Conservación que hace a la esencia de la misma”.

“Una política responsable hacia el medio ambiente debe mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado flameamos la bandera del respeto y defensa al ecosistema, y nos horrorizamos cuando creemos que los vecinos nos contaminan. Pero si miramos hacia adentro es poco lo que se hace”, sentenció la senadora.

“Hace 6 años estamos esperando que el Poder Ejecutivo presente ante este Congreso el informe anual sobre el estado del ambiente que prescribe el art.18 de la ley general del ambiente 25.675. La respuesta que obtenemos del PE es “las areas técnicas se encuentran trabajando en el tema para que sea presentado en el menor plazo posible” (Informe 73 del Jefe de Gabinete de Ministros. Pregunta 186 Senadora Liliana Negre de Alonso)”, finalizó.