Al igual que la oposición, los diputados justicialistas enfrentados con el kirchnerismo han presentado un proyecto de ley con el objetivo de derogar la Ley 26.124 del año 2006 y, con ello, “posibilitar que el Congreso recupere el pleno ejercicio de la totalidad de sus facultades constitucionales, entre las que se encuentra la atribución de la fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional y, ex post, aprobar o desechar la cuenta de inversión”.

“La Constitución Nacional es clara y terminante cuando define el alcance de los roles y de las funciones que otorga a cada uno de los Poderes del Estado, circunstancia que la reforma constitucional de 1994 se encargó de ratificar”, explican los diputados.

Los firmantes del proyecto son: Jorge Sarghini, Paola Spatola, Marta Velarde, Adriana Marino, Eduardo Pastoriza, Emilio Martínez Garbino y Juan José Alvarez.

En ese contexto, así como por imperio de lo establecido en los arts. 99 y 100 de la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo debe elaborar y enviar anualmente al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, corresponde a este cuerpo colegiado el fijar el alcance de tal presupuesto y, a posteriori de su ejecución, aprobar o desechar la cuenta de inversión (art. 75 inc. 8, C. N.).

El mecanismo constitucional reseñado genera así que cada uno de los Poderes del Estado que cuentan con facultades de alcance presupuestario desarrolle actividades complementarias cuya suma garantiza un eficiente proceso de elaboración, aprobación y ejecución y control de los fondos públicos.

El Presupuesto debe precisar, tomando en consideración los cálculos de la posible recaudación, cuánto es lo que se autoriza a gastar y, esencialmente, en qué puede efectivizarse el gasto público.

Es precisamente la determinación de las cuentas en las que se autoriza a gastar el elemento que determina cual es el plan de gobierno y cual es el programa de inversión.

De acuerdo con el alcance del programa de gobierno y del plan de inversiones el Congreso Nacional trata y fija cual será el presupuesto general de gastos y el cálculo de los recursos de la administración nacional y es esa Ley la que genera los límites de la actividad del Poder Ejecutivo en lo que hace a su deber de ejecutar el presupuesto y, con ello, efectivizar la debida administración de los recursos públicos.

Administrar y ejecutar el presupuesto general “no significa contar con poder como para generar una modificación de sus alcances, ya que es el Congreso de la Nación el que fija tales límites, es decir cuanto y en qué, gastar según el plan de gobierno y el programa de inversión elaborados”.

Así, una vez ejecutado el Presupuesto General por el Poder Ejecutivo, será el Congreso de la Nación el que analizando tal ejecución la aprobará o rechazará, ejercitando así un claro ejemplo de control de raíz constitucional sobre la forma como el administrador cumple con su manda de gestionar debidamente los recursos públicos.

Frente a ese contexto constitucional sustentado en el control de la gestión del Ejecutivo por parte del Legislativo aparece la Ley 20.134/06, por la que se delegaron en el jefe de Gabinete de Ministros -ahora Sergio Massa- atribuciones tales como la de poder disponer per sé, las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto. Tal potestad abarca, entre otros extremos, la posibilidad de decidir en forma unilateral y sin control previo alguno modificaciones que pueden involucrar partidas de gastos corrientes, de gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades, exceptuándolo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 25.917.