La legisladora entrerriana Blanca Osuna consideró que “la ley de movilidad jubilatoria se inscribe en una política definida del gobierno de mayor justicia e inclusión social”, al asegurar que “con esta norma se va a beneficiar a 5,2 millones de jubilados argentinos que han vivido situaciones extremas por la falta de movilidad o por abruptas rebajas de sus ingresos”.

En esta línea, resaltó que “se trata de una ley superadora, que se enmarca en la reconstrucción del sistema previsional argentino que comenzó en 2003y representa un gran avance en la calidad institucional de nuestro país, ya que permite independizar los aumentos de los haberes de la coyuntura política”.

“El proyecto permitirá implementar un régimen de movilidad ascendente, donde los haberes previsionales tengan un ajuste semestral, en los meses de marzo y septiembre, y que nunca será negativo”, aseguró.

Luego remarcó que “el índice de la movilidad, producto de la combinación entre la variación del salario de los que están en actividad y al mismo tiempo la recaudación tributaria de Anses, va a quedar resguardado por la ley y no por el humor de un gobierno o por los avatares que surjan. La inclusión de ambos componentes asegura que los haberes jubilatorios seguirán la evolución de los salarios, a la vez que acompañarán el aumento de los ingresos al Sistema Provisional”, explicó la legisladora entrerriana que integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

“Esta iniciativa del gobierno nacional –aseguró-, no se presenta en forma aislada, sino que se enmarca en un conjunto de acciones y políticas claras que desde el año 2003 se vienen llevando adelante con el objetivo de fortalecer el sector de los jubilados y pensionados, tantas veces postergado”, afirmó Osuna.

Acto seguido, la legisladora entrerriana manifestó que en materia previsional, el gobierno desde 2003, ha implementado políticas de verdadera justicia social. Así, resaltó que “entre 2003 y 2008 se realizaron 12 medidas de aumento de los haberes provisionales, incrementando el mínimo en un 360 por ciento y el haber medio en un 154 por ciento.” Y en este sentido, explicó que “si se hubiese aplicado el ajuste en los haberes jubilatorios mínimos según el fallo Badaro, ésta sería hoy de $300, en tanto que la jubilación mínima actual es de $690. Es decir, es un 130% superior a lo que sería si se hubiera aplicado el ajuste que marcó la Corte en este fallo Badaro”.

“La moratoria provisional llevada adelante durante 2006 y 2007, permitió que quienes estaban excluidos del sistema por no tener aportes, pudieran jubilarse, lo que hizo que más de un millón y medio de abuelos hoy cobren una jubilación y tengan una obra social. Esta fue una medida de gran inclusión previsional, puesto que con esta moratoria se llegó al final de 2007, con más del 90 por ciento de hombres y mujeres mayores de 65 años con cobertura.”

“La aprobación –agregó- en este Congreso a fines de1 2004 de la Ley 25994 que estableció la jubilación anticipada por desempleo, permitió incluir al sistema a más de cien mil argentinos, que a lo largo de la década del 90 habían sido expulsados del mercado de trabajo y, por cuestión de edad, no pudieron reingresar a la actividad laboral.”

En esta línea, Osuna recordó además el “plan de libre opción jubilatoria, que significó la superación de políticas que postergaron a millones de argentinos, y pusieron a los trabajadores como botín de las AFJP. Esta ley, claramente opuesta a lo que fue en los 90 la privatización del sistema de jubilaciones, permitió que 1,5 de personas eligiesen volver al sistema de reparto.”

“Por esto hay que recordar que quienes critican hoy este proyecto, años atrás apoyaron y llevaron adelante políticas que tenían en los trabajadores y en los jubilados su variable de ajuste, tal como cuando en el Presupuesto 2002, el gobierno de la Alianza redujo en un 13 por ciento las jubilaciones y los sueldos estatales y se quitó recursos a la ANSES”.

“Esta ley de movilidad jubilatoria es la respuesta de un gobierno que trabaja con políticas concretas por la mejor distribución de la riqueza y por lograr mayores índices de inclusión social, para quienes fueron víctimas de las políticas económicas que generaba que muchos argentinos fueran excluidos económica y socialmente.“