El procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, concurrió al Salón Presidente Perón de la Legislatura porteña para informar acerca de la situación entre la Ciudad y el juzgado a cargo del juez Roberto Gallardo.

Durante la reunión, Tonelli, cuestionó a Gallardo por convocar a funcionarios del Ejecutivo a audiencias en diversas causas, y explicó que, para la administración macrista, “estas citaciones no corresponden porque no se aclaran los motivos”.

La reunión, que comenzó a las 10 y se extendió por espacio de tres horas, estuvo presidida por el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Martín Borrelli, acompañado del vicepresidente primero de la Casa, Diego Santilli, del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Godoy y de los legisladores Oscar Moscariello, Jorge Garayalde, Gerardo Ingaramo, Christian Ritondo, Martín Ocampo, Enzo Pagani, Marcelo Meis, Néstor Abbas, Silvia Majdalani, Fernando de Andreis, Carlos Araujo, Oscar Zago (PRO), Silvia La Ruffa, Sebastián Gramajo, Ivana Centanaro, Pablo Failde, Inés Urdapilleta, Alicia Bello (FPV), Guillermo Smith, Facundo Di Filippo, Diana Maffia, Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Martín Hourest y Liliana Parada (Igualdad Social), Aníbal Ibarra y Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires).

En primer término, el procurador Tonelli explicó los antecedentes y fundamentos de la recusación del juez Gallardo. “El origen es por la causa judicial por mora de la Asociación Civil Casa Amarilla contra el Gobierno de la Ciudad, se le pide al juez que ordenara al Instituto de la Vivienda que designara a los participantes del concurso adjudicatarios de vivienda, el magistrado ordena eso y además solicita el embargo de los fondos del Instituto, unos 14 millones de pesos y su traspaso a una cuenta del juzgado. Nosotros consideramos excesiva la medida cautelar y lo recusamos, la Cámara lo aceptó porque entendió que el juez Gallardo había prejuzgado y que había incurrido en una ilegalidad”.

En su relato, sostuvo que “en una resolución posterior, la Cámara revoca la medida cautelar del juez y nosotros iniciamos una demanda por daños y perjuicios contra Gallardo y contra la Asociación, por no poder disponer de los fondos por el lapso de 50 días. En las semanas siguientes recusamos al juez en otras causas; claramente había un pleito pendiente entre el juez y el Gobierno de la Ciudad, y lo recusamos para que en las otras causas exista otro juez que se maneje con imparcialidad. Quiero insistir en que no es la Procuración la que resuelve quitar de las causas al juez Gallardo, es un órgano judicial: la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. También la fiscal de Cámara coincidió con nuestra postura, la de que el juez debe ser apartado de las causas en que la Ciudad es parte”.

Posteriomente, el funcionario respondió a las preguntas de los legisladores del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y de Igualdad Social, que expresaron su preocupación por que el gobierno plantee una recusación masiva de los magistrados que fallen en contra de la Ciudad y utilizaron el término de “artilugio” en la acción de recusación contra el magistrado Gallardo, argumentando que el Poder Ejecutivo podría haber apelado al Consejo de la Magistratura si entendía que había razones para un Juicio Político.

Tonelli contestó que la recusación se basó en el inciso 3 del artículo 11 que dice que el juez tiene pleito pendiente con el recusante, en este caso la Ciudad. “Nosotros no hemos recusado a Gallardo porque no nos dio la razón y jamás lo haremos con cualquier juez por ese motivo, lo hacemos porque hay un pleito pendiente y lo hacemos donde la Ciudad es la parte demandada, no lo hicimos en las 45 mil ejecuciones fiscales”.

Puntualizó que “nuestra obligación es la defensa de los derechos e intereses de la ciudad, por eso es la demanda a Gallardo y a la Asociación, que creemos que la hemos presentado porque tiene fundamentos serios. Yo rechazo el término de artilugio, nosotros ejercemos nuestro derecho. La posibilidad del jucio político está siendo analizada no sólo de! sde la Procuración sino desde otros ámbitos del gobierno”.

Y reiteró: “estamos dispuestos a demandar a cualquiera que le provoque a la Ciudad daños y perjuicios. Si la Cámara no hiciera lugar a la recusación acataremos la decisión y las causas seguirán en el juzgado del doctor Gallardo. Yo no voy a verme limitado en mis funciones por el resultado final. Voy a estar tranquilo porque hice lo que mi conciencia me dictó, pero reitero que quien resuelve la recusación es la Cámara de Apelaciones”.

Al finalizar el encuentro el Procurador agradeció a los diputados y se manifestó abierto a futuras consultas. Asimismo, calificó la reunión como algo “sumamente positiva para el funcionamiento de las instituciones de la Ciudad”, y desestimó los argumentos una invasión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

El diputado porteño Pablo Failde (vicepresidente del bloque kirchnerista) quien impulsó el pedido de citación del Procurador General, manifestó al término de la misma que “la recusación al juez Gallardo es una sutil amenaza a los jueces de la Ciudad que se quiere cubrir bajo el ropaje de las facultades del procurador”.

Failde puso en duda la respuesta del Procurador amparándose en sus atribuciones para recusar el juez Gallardo: “La preocupación del FpV es que este sea el inicio de una escalada para avasallar la independencia del poder judicial. El problema no es técnico ni jurídico es político”, definió.

Por su parte, diputado Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, habló de un “riesgo institucional” en tanto que “es inaceptable que la ciudad inicie (una demanda) por daños y perjuicios contra un juez”, pidió “no usar mecanismos de amedrentamiento”, y consideró que el gobierno porteño radicó “una recusación sin causa”.

Los legisladores Liliana Parada, Gonzalo Ruanova y Sebastián Gramajo hicieron énfasis en la causa por la muerte de un bebé de 4 meses en la Villa El Cartón, tras no recibir atención médica, y por lo que el juez Gallardo pidió la declaración de varios funcionarios, entre ellos el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

“Esa causa no tiene nada que ver con el pedido de recusación, porque éste está fundado en la existencia de un pleito pendiente”, aseguró Tonelli, en relación a la causa de Casa Amarilla.

La diputada Parada interpretó que la medida del gobierno se trata de “una chicana jurídica”, y dijo, en sentido irónico, que “como tarea de amedrentamiento es excelente”.