Mondito se presentó en el plenario del Senado para hablar del proyecto de movilidad provisional. Insistió en la actualización ahora, el resarcimiento y un índice ligado al salario.
Al retomarse en horas de la tarde de este martes la discusión en el Senado de la Nación por el proyecto oficial que fija la movilidad semestral de las jubilaciones el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, señaló que el debate sobre su instrumentación corresponde a los legisladores, pero haría un aporte condensado en cuatro puntos principales.
Estos son: la actualización salarial debería hacerse a partir del corriente año, lo que implica una retroactividad; es necesario incorporar a la ley en discusión un mecanismo de compensación patrimonial; la fórmula para el reajuste de haberes deberá ser simple y previsible; el ejercicio de un derecho constitucional no puede operativizarse únicamente a partir de una acción judicial individual.
Definiendo el concepto de movilidad, el Ombudsman indicó que se entiende por tal al ajuste que se efectúa de conformidad con la evolución de los salarios o como una proporción de los sueldos de los trabajadores activos.
La consecuencia de la no movilidad -destacó Mondino-es el deterioro de las condiciones socioeconómicas de los jubilados, impedidos del derecho a una vida digna: “Es necesario reparar el menoscabo sufrido por los beneficiarios que perciben haberes superiores a los mínimos por falta de una oportuna adaptación a los cambios económicos”.
“No hemos entendido bien la fórmula”, admitió Mondino, quien indicó que por ese motivo le solicitó a la ANSeS información sobre la “variación de los recursos tributarios en los últimos tres años”, y que ese organismo le respondió que no tiene elaborados esos datos, y que le llevaría “quince días” conseguirlo.
El defensor nacional precisó que a partir del fallo de la Corte Suprema, en noviembre de 2007, se produce un verdadero quiebre y el Estado incurre en una omisión concreta. Luego repasó la actuación de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde la recomendación al jefe de Gabinete de Ministros hasta, agotadas las instancias administrativas, la obtención de un fallo favorable de la Cámara Federal de la Seguridad Social, apelado por el Estado y actualmente en trámite.
Si bien el debate sobre cómo instrumentar la movilidad le corresponde a los legisladores, Mondino precisó que, convocada por el Congreso de la Nación, la Defensoría nacional efectuaba un aporte para su consideración y posible inclusión en la ley que se debate.
El pedido de incorporación de un mecanismo de compensación patrimonial “debería preverse por insuficiencia en la movilidad de los haberes a partir del 2002, para todo el universo de jubilados y pensionados”, sostuvo el Ombudsman.
“En el marco de este proyecto – explicó Mondino – nos preocupa la fórmula prevista para efectuar los ajustes semestrales. El equipo técnico de nuestra institución intentó una simulación de los valores que estos hubiesen arrojado en los últimos tres años y con ese fin le cursó una requisitoria a la ANSES. Se nos solicitó una ampliación de 15 días para respondernos por no ‘contar con la información básica de la fórmula’”.
En el final de la exposición el Ombudsman insistió con su reclamo para que no se condene a nuestros mayores a seguir haciendo juicios para que se les reconozcan sus derechos.
Por su parte, la senadora justicialista Sonia Escudero reiteró sus críticas a la fórmula de movilidad, por considerarla poco clara, y en el caso de los recursos tributarios no se aclara si se toma “toda o parte de ella, o si se incluyen o no a los que tienen asignación específica”. Además, advirtió que con este proyecto “estamos delegando en el Anses” la movilidad previsional, pues la fórmula se aplicará “con información que sólo maneja el Anses”.
