Diputadas nacionales especializadas en la temática del aborto criticaron el fallo del juez mendocino que no permitió interrumpir el embarazo de una niña de 12 años, quien había sido violada, al afirmar que la “desprotege” y “victimiza”.

La diputada nacional Cecilia Merchán repudió la decisión de la Justicia mendocina de negar el pedido de aborto para una niña que quedó embarazada como consecuencia de una violación. “El juez dice que es traumático para la niña pasar por un aborto, pero no le resulta de traumático obligarla a tener a un hijo producto de una violación, ser acosada y violentada por los grupos pro vida, estar casi encerrada en un hospital esperando a que un tercero decida sobre su cuerpo, su salud y su vida”, cuestionó la legisladora.

Tras casi un mes de espera, el juez de Familia, Germán Ferrer, rechazó el pedido de aborto presentado por la madre de la nena, de 12 años, argumentando que no encuadra entre los casos de aborto no punibles establecidos en el artículo 86 del Código Penal. En un diario provincial, el magistrado aseguró que obró pensando en el “mal menor”.

“Ahora el juez dice que la nena quiere ser mamá. Antes tuvo que sufrir la presión de la Justicia, ver las imágenes de fetos abortados que le llevaron los grupos provida, los interrogatorios de médicos y peritos para saber quién la había violado”, sostuvo Merchán

La legisladora reclamó la pronta sanción de los proyectos para reglamentar los casos de abortos no punibles que esperan para su tratamiento en la Cámara de Diputados. También, y trasladándose a la órbita de la Legislatura porteña, cuestionó las maniobras del macrismo para evitar la sanción de un conjunto de proyectos similares.

Por su parte, la diputada nacional Juliana Di Tullio, que preside la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara baja, dijo que la familia de la niña “debe seguir apelando” y que de acuerdo a la legislación actual “es claro que si una mujer es violada puede abortar”, aunque reconoció que “la mitad de la biblioteca lo interpreta de una forma y la mitad de otra”, lo que ocurre por partir de definiciones “confusas”.

Asimismo advirtió que “hay que modificar el código para clarificar”.

Otra diputada, Vilma Ibarra, opinó que “con esta decisión se pone en riesgo la salud de una niña, a la que lejos de protegerla se la dejó en un estado de indefensión serio. Se muestra con mucha crudeza la violencia que se ejerce contra una niña y la poca capacidad protectiva del Estado”.

Afirmó además que si se reconoce que la salud mental de la chica está en peligro cabe permitir el aborto y aseguró que la decisión judicial reproduce el estado de “abandono de los sectores más populares, que están sometidos a una combinación de victimación y clandestinidad”.