El proyecto oficial que impulsa pensiones para conscriptos y oficiales ingresó por el Senado provincial. El mismo elimina la restricción para el acceso de estos últimos, que establecía que para hacerse efectivo no deberían gozar “de haber de retiro alguno”, aunque ratifica la incompatibilidad para aquellos casos en que “no hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la Guerra de Malvinas”.

Esos puntos son los principales disparadores de una nueva polémica, ya que los conscriptos alegan, para oponerse a “compartir” ese beneficio con los oficiales de carrera, que los mismos, por su condición de retirados, ya gozan de una remuneración “por el servicio” prestado al Estado Argentino. Pero además, los legisladores vinculados a los movimientos sociales, anticiparon su fuerte rechazo a la propuesta porque –dicen- “no podrá discernirse la actuación de todos los alcanzados con ese beneficio, y terminarán percibiéndolo muchos de los oficiales acusados de “maltratar” a los soldados durante el conflicto e, incluso, otros tantos acusados de delitos por delitos de lesa humanidad.

En los fundamentos, la norma que impulsa Scioli, califica a este tipo de beneficios como “un justo reconocimiento a muchos jóvenes bonaerenses que por haber participado en defensa de la soberanía nacional, sufrieron las graves consecuencias del enfrentamiento, padeciendo la muerte o daño irreparable en su salud física y psíquica”.

Y enfatiza la necesidad de “superar las asimetrías para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro o baja”.

La “idea” de la iniciativa, había recibido fuertes críticas de parte de algunas legisladores de la provincia, cuando el gobernador Scioli anticipó, verbalmente, el envío del presente proyecto de ley.