Esta iniciativa parlamentaria transformada en ley por el Parlamento bonaerense fue impulsada por el gobernador Daniel Scioli y el titular de la cartera de Justicia, Ricardo Casal.

El ministro de Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se mostró “absolutamente de acuerdo” con la nueva medida.

“No he visto este proyecto, pero si se habla de violadores condenados con sentencia firme, que haya un banco genético no es malo, no tiene por qué estigmatizar a nadie”, señaló, situación que estaría avalada por el hecho de que el registro no es público, sino que está destinado sólo a la Justicia.

La ley establece la creación, dentro del ámbito de la Suprema Corte de Justicia, de una base de datos que incluirá “los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las investigaciones penales, especialmente, en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas”.

La información de esta base de datos será secreta, y solamente se encontrará disponible para jueces, fiscales y defensores intervinientes en relación con las causas que se encuentren investigando a fines que los tengan como prueba y puedan cotejarlos con otros datos.

Por otra parte, la ley instituye la creación del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, en la órbita del Ministerio de Justicia provincial, que almacenará los datos personales de todos los condenados por delitos sexuales que se encuentren con sentencia judicial firme.

Al respecto, el ministro Casal explicó que “el Poder Ejecutivo reglamentará el acceso a la información del registro, conjuntamente con los legisladores que trabajaron en esta problemática”.

“La violación es un tema de gran preocupación -indicó el ministro-, es uno de los temas que fueron quedando postergados. No obstante, las víctimas denuncian más y el Estado entonces debe acompañar esa iniciativa de las víctimas para contenerlas y para lograr una respuesta en el identificador del abusador sexual”.