Es para penar puntualmente la venta de bebés.
La diputada nacional Stella Marys Leverberg pidió la incorporación de un nuevo párrafo al Código Penal, pidiendo prisión de cuatro a diez años para quienes participen en la venta de bebés.
La legisladora hizo hincapié en que el texto vigente “muestra a las claras el vacío legal que hoy existe en nuestro ordenamiento jurídico”, y resaltó que “Misiones ha sido y sigue siendo noticia por este flagelo que se acentúa en la zona centro”.
La diputada nacional de la provincia de Misiones destacó que “tampoco ayudan los que hoy conocen el derecho y participan de estas redes que actualmente funcionan en la tierra colorada”.
“Es un reclamo que lleva larga data, por ello es necesario establecer los límites de lo prohibido a través de la normativa adecuada –dijo Leverberg-; caso contrario continuarán reproduciéndose situaciones de impunidad. Ello sin dejar de tener en cuenta que el Derecho Penal es de última ratio y que modificar sus disposiciones no debe ser una respuesta ante cualquier tipo de contingencias que se susciten en la vida en sociedad, sino sólo una reacción del Estado frente a la vulneración de valores y bienes jurídicos fundamentales”.
El proyecto propone una modificación al Código Penal y el mismo será debatido en la Comisión de Legislación Penal, donde se recibirán los aportes de legisladores de varias provincias.
“Proyectos como estos sirven como herramienta fundamental para seguir con la lucha de la venta de bebés y tienen como valor supremo proteger a los más débiles”, resaltó la diputada.
La iniciativa apunta a todo aquel que “entregare, recibiere, facilitare, promoviere o intermediare de cualquier modo en todo acto o transacción en virtud del cual un menor de edad es transferido por una persona o grupo de personas a otra, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución o beneficio”.
“Incurrirán en las mismas penas establecidas en el párrafo anterior, los que indujeren indebidamente a la madre a dar su consentimiento para que el menor de edad sea transferido a otra persona o grupo de personas a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”, agrega el proyecto.
Asimismo “serán reprimidos con inhabilitación especial por doble tiempo que el de la pena, los funcionarios públicos o profesionales que incurrieren en algunas de las conductas previstas en los párrafos anteriores”, concluye la iniciativa.
