El diputado Juan Cabandié presentó su iniciativa que busca transformarse en una solución para miles de inquilinos que se encuentran afectados por la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires.
Juan Cabandié no se ocupa solamente de temas de derechos humanos. Hijo de desaparecidos, esa fue la principal bandera que abrazó desde que se metió de lleno en la actividad política, pero hoy desde su banca de diputados busca exponer las ideas que tiene para atender otras cuestiones que, por qué no, también tienen que ver con derechos humanos.
En este caso los de la vivienda digna, y sobre el tema se ha ocupado los últimos días de promocionar un ambicioso proyecto destinado a las personas que alquilan una vivienda única en la ciudad de Buenos Aires. Amén de haber explicado los detalles de su iniciativa, formalizó la presentación formal en la Legislatura porteña en una conferencia de prensa en la que explicó las características de su iniciativa.
El proyecto busca crear un fondo fiduciario en respaldo del inquilino y la eximición de los impuestos a los ingresos brutos y de sellos para los locadores.
El proyecto tiene estado parlamentario y está destinado a aquellos alquileres de hasta 2.000 pesos, que son los más requeridos por lo jóvenes y por otros sectores porteños, según el propio autor se ocupó de hacer hincapié.
Flanqueado por el senador porteño Daniel Filmus, la diputada Alicia Bello, el titular del Centro de Inquilinos Radamés Marini y el especialista en temas de vivienda del Centro de Estudios de la Ciudad Luis Ostrej, entre otros, el legislador resaltó la creación de un régimen de promoción para las locaciones y de un fondo fiduciario, que será administrado por el Banco Ciudad.
Dicho fondo fiduciario otorgará las garantías que respalden a los inquilinos, que en caso de no poder pagar, el fondo se haría cargo de la deuda creada.
Cabandié señaló que hoy los inquilinos sufren para conseguir los avales, a veces, porque sus propias familias no los pueden respaldar, y detalló que el número de viviendas el impuesto a los sellos equivale al 3 por ciento del valor del contrato.
Además, el número de viviendas desocupadas en condiciones de ser alquiladas asciende a 140 mil propiedades.