El diputado Genaro Collantes (Frente Cívico y Social-Catamarca), integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuestionó la reasignación de un cupo de 75 millones de pesos exclusivamente para la provincia de La Rioja, gobernada por el Frente para la Victoria, en perjuicio de un pedido expreso de Catamarca.

En tal sentido, señaló que el proyecto “fue aprobado en la comisión, tal cual vino del Gobierno nacional y fue concretamente perjudicial para Catamarca, ya que el artículo 75 no se modificó ni un punto ni una coma”.

El mencionado artículo del dictamen de mayoría del Frente para la Victoria, que será tratado en la sesión especial, dice lo siguiente: “ARTICULO 75.- Reasígnense los beneficios promocionales no utilizados, otorgados a proyectos promovidos al amparo de la Ley Nº 22.021 y sus modificatorias y encuadrados en los Decretos Nros. 2.054 de fecha 10 de noviembre de 1992, 804 de fecha 16 de julio de 1996 y 1.553 de fecha 29 de diciembre de 1998, cuyos costos fiscales teóricos fueron oportunamente imputados presupuestariamente y acreditados en las respectivas cuentas corrientes computarizadas, a la empresa adjudicataria de la planta industrial promovida que pertenecía a la fallida Yoma Sociedad Anónima, así como a aquellas otras empresas que lleven a cabo emprendimientos vinculados con la industrialización del cuero, en la medida que se comprometan a ocupar, en conjunto y como mínimo, los puestos de trabajo a los que estaba obligada Yoma Sociedad Anónima. A los fines de la reasignación respectiva deberá mediar el consentimiento del Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja”.

El diputado Collantes relató que en la finalización del trabajo en comisiones “terminó la exposición de los funcionarios, e inmediatamente el oficialismo aprobó el dictamen de mayoría, de manera que ni siquiera tuvo discusión en la comisión, lo cual marca que fue solamente una puesta en escena del kirchnerismo”.

Collantes recordó que “la promoción industrial hoy es una importante fuente de trabajo para los catamarqueños ya que alrededor de 7 mil obreros dependen de este esquema, y afecta la política de Estado que es armonizar estrategias concretas para que el sector privado se instale en la provincia y promueva empleo genuino más allá de las posibilidades del propio puesto estatal”.

En Catamarca, la denominada Ley de Desarrollo Económico abarca a 60 empresas que adhirieron al sistema y su vencimiento está previsto en el 2011. No sólo que la Provincia pretendía nuevos cupos fiscales, como el mencionado de la familia Yoma (que ingresó en quiebra) sino la prórroga del sistema por otros 15 años.

“Esto es un claro desplante de la Nación a la Provincia de Catamarca, debido a que el gobierno provincial ha mantenido una postura prudente y equidistante ante las políticas nacionales que, con el tiempo, se han transformado en discriminatorias”, concluyó el legislador.