Con el criterio de que el principio que debe primar es el que permite el libre acceso a la Justicia por parte de los habitantes, la Legislatura aprobó un proyecto de ley que deroga el inciso 5 del artículo 22 de la Ley 210, que establecía la exigencia del depósito de una multa como condición para apelar ante la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Según se expresa en los fundamentos del proyecto, la derogación parcial de la norma permitirá la efectiva protección judicial adecuada y suficiente de los derechos de los ciudadanos.

La propuesta de modificación expresa que “siendo las sanciones administrativas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, estas requieren estar sujetas a contralor judicial amplio y suficiente”.

“La efectiva vigencia de la garantía en defensa y del derecho a una tutela judicial efectiva de los posibles afectados requiere, el reconocimiento de una instancia que permita una pronta revisión jurisdiccional”, se afirma en el proyecto de norma.

Asimismo se sostiene que quien es parte en un procedimiento administrativo tiene el derecho judicial a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y controlar su producción, “todo ello en forma previa a que se dicte una resolución sobre los derechos e intereses de las partes en litigio para que su eficacia no se vea disminuida”, lo que a entender de la bancada oficialista se ve vulnerado por el inciso 5 del artículo 22 de la ley 210.